CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD
El alza del crimen le resta 0.2% del Valor Agregado Bruto (VAB) anual al país y golpea con más fuerza a Lima, Callao y La Libertad.
La inseguridad ciudadana se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales problemas que enfrenta el país, con efectos directos, por supuesto, en la calidad de vida de los ciudadanos, pero también en el desempeño de la economía.
Entre 2021 y 2024, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes mostró un incremento sostenido en la mayoría de las regiones. Esta dinámica ha tenido un impacto directo en la actividad económica, medido en términos de pérdida de crecimiento y de PBI.
Este informe cuantifica la pérdida acumulada en la actividad productiva regional, aproximada por el Valor Agregado Bruto (VAB), aplicando dos metodologías de referencia —la utilizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la empleada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— complementadas con un análisis regional.
Así, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) calculó que la inseguridad le costó en términos de crecimiento más de S/ 6 mil millones al Perú.
De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), los homicidios en 2025 alcanzarán un récord histórico de 1,285 casos, 15% más que en 2024. Esto confirma la tendencia creciente de la violencia, con delitos como la extorsión que pasaron de 190 mil a 344 mil denuncias entre 2019 y 2025 en el mismo periodo, lo que representa un incremento de casi 81%.
Las víctimas de extorsión pasaron de 190 mil a 344 mil en ese mismo lapso. El MEF reporta cifras similares para este 2025: S/ 19.8 mil millones en costo agregado (0.17% del PBI), de los cuales S/ 13.9 mil millones son asumidos por el sector privado y S/ 5.9 mil millones por el sector público en orden interno.
La literatura económica confirma que esta realidad tiene múltiples canales de transmisión sobre la actividad económica. El BCR (2024) estima que el costo total de la inseguridad equivale al 2.1% del PBI nacional, de los cuales el 51.5% corresponden a costos privados (gasto en seguridad, pérdidas patrimoniales, seguros) y 70.4% al público en orden interno.
Este fenómeno se agrava por la subregistración: apenas una fracción de los delitos queda reflejada en estadísticas oficiales. El Observatorio del Crimen y la Violencia (2025) revela que 75% de los hogares afirma experimentar actos asociados a la violencia.
Por su parte, los resultados de la encuesta El Consultor de Ipsos (2024) revelan que 59% de las personas evita salir de noche y 33% manifiesta haber sido víctima de robo.
Estos cambios de comportamiento reducen el consumo, afectan la productividad laboral y desincentivan la inversión privada.
Lo que no se logró crecer
Los cálculos muestran que entre 2021 y 2024, la pérdida acumulada en la actividad productiva oscila entre S/ 6,060 millones y S/ 6,618 millones —soles del 2021— debido al aumento de homicidios, que equivale, en promedio, al 0.2% del VAB de cada año.
El análisis desagregado por región revela importantes diferencias territoriales. Lima y Callao concentran casi la mitad de la pérdida acumulada. La Libertad, Piura y Áncash completan el grupo de las cinco regiones con mayores pérdidas. En conjunto, estas cinco regiones explican más del 70% del impacto económico de la inseguridad a nivel nacional.
En Lima, la pérdida acumulada entre 2021 y 2024 asciende a S/ 2,707 millones según la metodología MEF, lo que equivale, en promedio, al 0.2% del VAB anual de la región. En el Callao, la pérdida es de S/ 527 millones. La Libertad muestra pérdidas de S/ 493 millones, reflejo del fuerte aumento de homicidios registrados en el 2024. Piura y Áncash presentan pérdidas de S/ 371 millones y S/ 254 millones, respectivamente.
El alto costo. El informe muestra que la lucha contra la criminalidad debe ser considerada una política económica prioritaria: cada punto adicional perdido no solo son menores tasas de crecimiento e inversión, también recursos económicos que el país deja de generar.
Abordar esta crisis exige decisiones firmes, coordinación entre niveles de gobierno y un compromiso sostenido del sector privado y la sociedad civil. Solo así será posible revertir la tendencia creciente de la inseguridad y liberar el potencial de crecimiento económico que el país necesita para cerrar brechas sociales y mejorar el bienestar de la población.
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