En el Perú se está acumulando una factura fiscal que, tarde o temprano, alguien tendrá que pagar. El último informe de la OCDE advierte que, de mantenerse las políticas actuales, la deuda pública bruta se acercaría al 50% del PBI en el 2030. Para estabilizar esta trayectoria, ese organismo sugiere un ajuste monumental equivalente a cuatro puntos del PBI. Sin embargo, el país avanza en sentido contrario: se aprueban medidas costosas, sin financiamiento, con irresponsabilidad del Ejecutivo y del Congreso.
Lo señalado por la OCDE, si bien grave, no es inesperado. El Perú firmó en enero de 2022 el acuerdo de acceso al organismo multilateral comprometiéndose a aplicar una serie de reformas estructurales. Desde entonces, el país ha asumido más de 120 compromisos para adecuarse a los estándares de la OCDE, en un contexto en que las cuentas fiscales se deterioraban rápidamente. No obstante, el Gobierno ha decidido sumar a estos nuevos compromisos en el mismo modelo de proyecciones de la OCDE, la deuda pública no se quedará en 50% del PBI, sino que podría dispararse.
A ello hay que adicionar otras presiones. Miremos nada más las señales que indican que el gobierno está dispuesto a garantizar soberanías de las deudas de PetroPerú que ascienden a US$ 7,000 millones. Consideremos también la larga lista de pasivos contingentes y litigios contra el Estado. Todo esto configura un panorama que debe ser afrontado con responsabilidad, porque de lo contrario las finanzas públicas enfrentarán riesgos importantes.
El espacio fiscal también ha disminuido de manera significativa. Entre el 2021 y 2025, se registrarán caídas en los ingresos tributarios, reducciones de los ingresos no tributarios y gastos crecientes en subsidios, bonos sociales y pensiones. El populismo fiscal ha llevado a aprobar medidas que cuestan más de S/ 100.000 millones, sin fuentes claras de financiamiento. La red vial pavimentada apenas mejoró, los colegios se deterioraron, los hospitales no se construyeron y la brecha de infraestructura se mantiene. En lugar de apuntalar estas áreas, se aprobaron gastos permanentes sin respaldo, comprometiendo a las próximas generaciones.
Quienes hoy toman las decisiones probablemente no enfrenten el costo total, pero los jóvenes sí lo harán. El desafío es doble: detener la aprobación de leyes con impacto fiscal sin fuente de financiamiento y mejorar la calidad del gasto.
Para mayor detalle, revisa la nota en el diario Correo: ¿Quién pagara esta cuenta?
David Tuesta
Presidente del Consejo Privado de Competitividad