La Encuesta Ipsos presentada en CADE Ejecutivos 2025 vuelve a mostrarnos un país atrapado en una peligrosa normalización de la mediocridad. Aunque la percepción de progreso mejora ligeramente —30% de ejecutivos cree hoy que el Perú progresa—, este número merece perspectiva: en 2009 lo creía el 94%. La mejora reciente no es un renacer, sino apenas un rebote luego del desplome de 2022, cuando solo 3% veía progreso y 84% percibía franca regresión. El deterioro de los últimos 15 años ha dejado cicatrices profundas: un país cuyo potencial de crecimiento cayó desde más de 5% anual a cerca del 2.5%, que no logra recuperar el dinamismo previo a la pandemia y donde la pobreza, aunque ha retrocedido ligeramente, sigue en 27%, lejos del 20% que alcanzamos antes de la pandemia.
El diagnóstico empresarial es claro: estamos frente a un país que no avanza porque su Estado no funciona. Según la encuesta, 48% afirma que no hay avances en desarrollo institucional y 39% que hemos retrocedido. La estabilidad política muestra cifras similares: 37% no ve progreso y 57% identifica retrocesos. Lo mismo ocurre en lucha contra la corrupción (38% sin avances, 57% retrocesos) y, de manera dramática, en combate a la delincuencia: solo 9% cree que seguimos igual y 89% afirma que hemos retrocedido. El sector privado no duda en atribuir al Estado el principal obstáculo para que el país pueda cumplir su potencial.
Este deterioro institucional tiene correlatos directos con la teoría económica de la trampa del ingreso medio, donde países que crecieron inicialmente, gracias a estabilidad macro, recursos naturales o mano de obra barata, luego se estancan por falta de instituciones eficientes, baja productividad e incapacidad para reformarse. El Perú encarna esta descripción: un sector privado que ve oportunidades, pero un Estado que impide que estas se materialicen.
Los problemas identificados son contundentes. La delincuencia, principal preocupación del país, pasó de 49% de menciones en 2022 a 85% en 2025. Y no es simple percepción: según estadísticas policiales y estudios de seguridad ciudadana, los homicidios han crecido a tasas de doble dígito en varias regiones, impulsados por el crimen organizado y economías ilegales que ya superan la capacidad de respuesta estatal. La corrupción, por su parte, permanece como un lastre estructural (89% de menciones en 2022, hoy 81%), alimentando un ciclo de desconfianza, ineficiencia y populismo.
La evaluación institucional es devastadora. El Congreso, que arrastra un 94% de desaprobación, reflejo de un poder capturado por intereses cortoplacistas, normas irresponsables y casos reiterados de corrupción; el Poder Judicial registra un 83% de desaprobación, y el Ministerio Público muestra un 80%.
En contraste, el BCRP se mantiene como la única institución plenamente confiable, con 96% de aprobación, mostrando que la estabilidad macroeconómica sigue siendo uno de los pocos activos del país. Pero la situación es distinta para la Sunat, cuya aprobación cae de 51% a 40%, y que aparece como una de las entidades que más dificulta el desarrollo empresarial. Lo mismo ocurre con Sunafil (40% dice que dificulta y 29% que dificulta mucho), las municipalidades (36% y 23%) y la propia Sunat (38% y 18%). Un Estado que regula mal, fiscaliza mal y administra mal no puede ser la base del desarrollo.
La inseguridad, además, está generando costos tangibles para los negocios: 40% ha incrementado gastos en seguridad privada, 25% ha paralizado o reducido operaciones y 24% ha perdido clientes. En muchos casos, estos costos equivalen a un verdadero “impuesto criminal” que erosiona márgenes, competitividad e inversión.
Y, sin embargo, el empresariado sigue viendo posibilidades. Los ejecutivos consideran que, si el próximo gobierno implementa reformas y recupera la confianza, el Perú podría crecer 4.8% anual. Pero si nada cambia, el crecimiento caería a un mediocre 1.9. Para reactivar la inversión, el 79% señala que lo más urgente es combatir la inseguridad, seguido por la lucha contra la corrupción (69%), la ejecución de infraestructura (47%), el destrabe de proyectos estratégicos (28%), la reducción de burocracia (20%) y mayor flexibilidad laboral (17%).
Paradójicamente, mientras la economía nacional se desacelera, los ejecutivos son optimistas sobre sus propias empresas: esperan que la economía crezca 3.2% en 2026, pero que los ingresos empresariales aumenten 7.3% y las planillas 5.3%. Una brecha que suele observarse en economías donde las firmas eficientes avanzan pese al Estado, pero sin un entorno que permita un despegue nacional.
Finalmente, sobre las elecciones de 2026, el diagnóstico es contundente: el candidato ideal debe tener compromiso con la estabilidad económica y el BCR, un equipo técnico sólido e integridad. Es decir, liderazgo serio en un país donde la política se ha vuelto un obstáculo para el desarrollo.
La encuesta de Ipsos revela algo profundo: el Perú no está condenado a la mediocridad, pero sí está administrando la mediocridad. Tenemos talento, recursos y oportunidades; lo que nos falta es un Estado mínimamente capaz de acompañar ese potencial. Salir de la trampa del ingreso medio no es un misterio: requiere instituciones que reduzcan riesgos, generen confianza y permitan que la economía compita e innove. Hoy, sin embargo, seguimos mirando el país desde el retrovisor de nuestras limitaciones. El desafío es empezar a mirarlo desde el futuro que podríamos construir si nos atreviéramos a hacer las reformas que hace tiempo dejamos de postergar.
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David Tuesta
Presidente del Consejo Privado de Competitividad