Las propuestas planteadas por el gobierno de Perú Libre en materia de promoción de la inversión en infraestructura no generarían el efecto deseado en la aceleración de las adjudicaciones en el 2022 mientras se prolongue el clima de inestabilidad política. “Las propuestas que se han mandado [al Congreso] son aplaudibles, pero el problema es mucho más profundo. Lo que realmente se necesita es simplificar las cosas, la Ley de Contrataciones es un desastre”, señala Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
El pedido de facultades legislativas comprende una serie de modificaciones al marco normativo de las Asociaciones Público Privadas (APP) y de las Obras por Impuestos (OxI). Sin contar con la propuesta de “Exceptuar a los proyectos ejecutados bajo la modalidad de APP de las licencias de habilitación urbana o de edificación”, todo lo planteado por el gobierno ha recibido opiniones favorables en los predictámenes de las comisiones de Constitución y Economía del Congreso (ver gráfico Pedido de facultades…), lo cual hace probable su posterior aprobación en el Pleno.
El mayor impulso proveniente de las modificaciones propuestas lo recibirían las OxI, coinciden las fuentes consultadas por SEMANAeconómica. “Se van a ampliar las fuentes de financiamiento, ya no solo va a ser canon, de manera que regiones como Lambayeque o Amazonas van a poder tener OxI por primera vez”, explica Camilo Carrillo, economista principal del Consejo Privado de la Competitividad. “Ampliar el mecanismo para incluir actividades de operación y mantenimiento de obras permite que se adjudiquen OxI para mantener un puente o un colegio, es bastante atractivo porque suele estar ligado con la responsabilidad social de las empresas”, agrega Juan José Cárdenas, líder de proyectos e infraestructura de EY Law.
El ritmo de adjudicación de las OxI ya venía acelerándose a lo largo del 2021 y se prevé que tome más fuerza en el 2022 debido al aumento del canon minero y a la proximidad de las elecciones subnacionales. A noviembre, las adjudicaciones de este mecanismo superaron en 52% su meta anual, alcanzando el monto más alto de adjudicaciones en cuatro años.
Al igual que en el 2020 y el 2021, en el 2022 tampoco se llegará a cumplir la meta planteada por Proinversión. La adjudicación de dos de los proyectos más ambiciosos de su cartera —el Anillo Vial Periférico (US$2049 millones) y el Terminal Portuario San Juan de Marcona (US$520 millones)— ha sido prorrogada para el 1S23. Al término del 4T21 se adjudicarían APP y proyectos en activos por US$871 millones, dentro de los cuales se incluye la Planta de tratamiento de aguas residuales en Puerto Maldonado y el Parque Industrial de Ancón, anunció la premier Mirtha Vásquez, quien agregó que en el 2022 se adjudicarían dos proyectos adicionales por un total de US$466 millones (ver gráfico Proyectos…). Sin embargo, en todo el 2021 solo se ha otorgado la buena pro de dos proyectos por un monto de US$28 millones, cifra apenas superior a la registrada en el 2020 (US$18.3 millones) y apenas una fracción del monto adjudicado en el 2019 (US$414 millones).
“Lo cierto es que Proinversión no está adjudicando porque tienes a un gobierno que está dando todas las señales equivocadas cuando el riesgo en proyectos de infraestructura ya es bastante alto”, señala Gabriel Daly, exdirector general de promoción de la inversión privada del MEF.