«Existe una urgente necesidad de cerrar brechas y generar bienestar para la población con los importantes recursos que aporta la actividad minera a través del pago de impuestos». Con esa frase José Augusto Palma, presidente del Comité Organizador Internacional del Simposium del Oro, Plata y Cobre, abrió el IV Encuentro Camino al Simposium «El reto del canon: propuestas para optimizar el uso de los recursos generados por la minería».
De los recursos generados por la minería en los últimos 10 años, unos S/ 40.000 millones han sido transferidos a las regiones por canon minero y regalías, de los cuales solo el 60% ha sido ejecutado, citó Palma al señalar que «el reto es asegurar que esos fondos sean invertidos de forma oportuna, correcta y eficiente».
«Luego de más de dos décadas de funcionamiento del canon minero, es evidente que no ha cumplido con los objetivos para lo cual fue creado: que los recursos transferidos a las regiones sirvan para desarrollar infraestructura básica y dinamizar las economías locales», subrayó.
Expresó que, ahora, cuando la minería ha recuperado sus volúmenes de producción prepandemia y existe una coyuntura favorable de precios que permitiría al sector minero aportar sumas históricas a la economía del país, urge darle un uso eficiente y transparente al canon minero a fin de que beneficie a todos los peruanos.
El IV Encuentro Camino al Simposium, sirvió para establecer un diálogo entre especialistas sobre medidas concretas que podrían mejorar el uso de estos recursos. «Crear una autoridad nacional similar a la de la Reconstrucción con Cambios, que use los fondos no ejecutados del canon minero y que se encargue de la inversión de estos recursos para invertirlos en cada una de las regiones», propuso David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad y exministro de Economía y Finanzas. Tuesta sostuvo que «una autoridad central permitiría acelerar la ejecución de los proyectos y reforzaría el proceso descentralizador».
Milton Von Hesse, director de Videnza Consultores y exministro de Agricultura y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, planteó recurrir a una figura de los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP). La propuesta es que se establezcan incentivos a los gobiernos subnacionales que ingresen a un esquema mediante el cual destinarían el 70% de los recursos anuales del canon bajo el esquema PEIP, sustentado en objetivos de cierre de brechas y por tanto ligado a un grupo de proyectos.
«Los PEIP permiten contar con una unidad ejecutora independiente que centraliza el gasto ante la debilidad institucional de los gobiernos subnacionales, así como contratar profesionales calificados para ejecutar la inversión usar modelos contractuales modernos, como NEC, PMO y asistencia técnica», comentó Von Hesse.
Roxana Barrantes, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y expresidenta de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, propuso que los recursos del canon también deban ser aprovechados para profesionalizar los recursos humanos. «Una de las propuestas de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible es profesionalizar a los servidores públicos de los gobiernos regionales y locales», afirmó.
Barrantes analizó los recursos que, como el canon, se distribuyen a las universidades públicas. «Los montos asignados a las universidades pública para el periodo 2008-2020, fue más de S/6,000 millones, de los que se ha ejecutado poco más de la tercera parte», señaló.
En ese contexto, planteó centralizar los recursos destinados a las universidades y distribuirlos cada dos años por concursos de proyectos. Una entidad referente en ciencia y tecnología como Concytec -añadió- podría actuar como rectora de estos procesos, con jurados internacionales para cada proceso. «Los proyectos que entren a competir serían resultado de alianzas entre las universidades de las regiones receptoras del canon con universidades que no lo reciben, pero que tienen ranking en producción científica», manifestó.
Von Hesse reflexionó sobre la urgente necesidad del país de construir institucionalidad pública en todos los niveles del gobierno a fin de asegurarnos un camino virtuoso en el largo plazo. Por su parte, Tuesta coincidió al afirmar que «el gran problema de fondo son las capacidades del servidor público, pero no tenemos un esquema concreto de cómo fortalecer al capital humano de los distritos, de las municipalidades y de las regiones». A su vez, Barrantes manifestó que cualquier reforma en el uso de los recursos provenientes del aprovechamiento de los recursos naturales, tiene que venir con liderazgo político para construir consensos y que podamos aspirar al desarrollo sostenible.