Hoy, miércoles 23 de marzo, la Asociación de Contratistas Mineros del Perú (Acomipe) presentará una demanda de acción popular en el Poder Judicial contra el decreto supremo que modifica parcialmente las condiciones para la tercerización laboral.
El gerente general de Acomipe, Carlos Bernal sostiene que esta medida tendrá un impacto negativo en el aspecto económico, social y de empleo.
«El Decreto Supremo N° 001-2022-TR atenta contra la libertad de empresa, la libertad de contratación y va a generar un problema para el empleo mismo», señaló en dialogo con RPP Noticias.
Bernal sostiene que la norma va a desnaturalizar la propia ley, pues contiene el concepto de núcleo de negocio que no está considerado en la ley modificada.
«Incluyen el concepto de núcleo de negocio que no está considerado en la propia ley, es decir, es una trasgresión constitucional flagrante que al parecer no se han dado cuenta en el Ministerio de Trabajo. Lamentablemente no tiene es sustento técnico ni argumento técnico legales para poder ser aplicada», indicó.
El representante de la Acomipe explicó cómo la medida va en contra de la ley general de minería, la cual estípula que las compañías están facultadas a contratar empresas especializadas para las cuatro fases de la operación minera.
Bernal precisó que la medida impulsada por el MTPE podría generar la perdida de 70 mil puestos de trabajo en las compañías mineras, teniendo en cuenta el nivel de fuerza laboral que concentra la minería
Cabe mencionar que las empresas contratistas del sector agrupan a 180 mil trabajadores en la industria minera.
Anteriormente el Consejo Privado de Competitividad (CPC) había advertido que esta medida está poniendo en riesgo los puestos de trabajo de más de 105 mil personas.