Viernes 29 de Marzo del 2024

CCL: Ley que prohíbe tercerización laboral promueve informalidad y frena desarrollo de mypes

Publicado en PerúRetail

La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Comercio de Lima y el Consejo Privado de Competitividad aseguraron que la ley que prohíbe la tercerización laboral perjudica los esfuerzos por generar puestos de trabajo formales y frena el desarrollo de las mypes. Conoce aquí los detalles.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó un decreto que elimina parcialmente la tercerización laboral. En este sentido, de acuerdo al Decreto Supremo N° 001-2022-TR, no se permitirá que las empresas tercericen empleos en actividades neurálgicas o núcleo del negocio.

No obstante, este decreto fue aprobado sin tener en cuenta que el informe de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad (DGAEICYP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtiera que la medida podría ser dañina e inviable para el mercado peruano.

En esta línea, la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) aseguró que la eliminación de la tercerización solo incentiva la generación de una mayor informalidad laboral, con lo cual se frena el desarrollo de las micro y pequeñas empresas (mypes) formales relacionadas a esta actividad.

Asimismo, afirmó que las tercerizadoras formales son, en su mayoría, pequeñas o microempresas que emplean a uno de cada 14 trabajadores en planilla. «Con esta norma se les cierra la vía hacia el desarrollo de sus negocios, polarizando la actividad económica y el empleo hacia la gran empresa y hacia la informalidad», refirió.

Por esta razón, la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL exige al gobierno peruano deshacer dicho decreto supremo por considerarlo abiertamente ilegal, ya que modifica e irrespeta categorías establecidas por ley. También considera que es inconstitucional porque afecta el derecho a la libre iniciativa empresarial que garantiza la Constitución del país.

 La Comisión comentó que el Perú necesita un manejo ordenado y prudente de su sistema laboral, pues esta es la base mínima para la reactivación económica y la creación de empleo, y esta nueva norma hace lo contrario. En esta misma línea, el Consejo Privado de Colectividad (CPC) también declaró que la ley que prohíbe la tercerización laboral afectará a más de 150.000 trabajadores formales y perjudicará a 950 empresas de tercerización.

Asimismo, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), concuerda que dicha norma es un golpe duro para los trabajadores formales del país, contratados bajo esta modalidad, que se encuentran hoy frente a la posibilidad de perder sus empleos o transitar hacia la informalidad.

«Esta norma, incluso, constituye una barrera para muchas empresas e instituciones del Estado que demandan servicios de terceras empresas para llevar a cabo diversas actividades, como es el caso del transporte de activos a diversas regiones del Perú o la ejecución de programas sociales que benefician a millones de personas», aseguró CONFIEP mediante un comunicado de prensa.

Al mismo tiempo, puntualizó que la tercerización es una herramienta para organizar la producción de bienes y servicios de manera más eficiente, que se refleja en mejores precios y mayor competencia en beneficio del consumidor. La rigidez que impone la norma quitará esta flexibilidad y, por lo tanto, se afectará a los ciudadanos en su conjunto, quienes enfrentarán una nueva alza de precios en tarifas de servicios públicos como electricidad, gas, agua, telefonía y otros bienes y servicios.

«Exigimos al gobierno la derogatoria del D.S N° 001-2022-TR 23.02.22 y lo exhortamos, una vez más a priorizar las necesidades de la población, que demanda trabajo digno y de calidad. Resulta lamentable que, por encima de ello, se prioricen las intenciones políticas y otros intereses de grupos ajenos al desarrollo del país, un hecho que diversos ex ministros de Estado vienen advirtiendo», sentenció la CONFIEP.

Por otro lado, la revistas de la CCL relató que a esto se le suma la norma veta, una serie de modalidades de contratos entre empresas, definiendo lo que pueden y no pueden hacer.  La Comisión de Asuntos Laborales de la CCL dijo que el Estado, y no quienes llevan a cabo las actividades productivas, será el que determine su organización, prohibiendo a la vez a aquellas que no encajan en este esquema.

Cabe mencionar que esta norma del gobierno impactará a los trabajadores que venían cumpliendo correctamente con la ley laboral. Por último, la Comisión recalcó que este decreto no ha sido previamente evaluado en el Consejo de Ministros ni por los sectores afectados.

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