La comisión de Economía del Congreso aprobó el proyecto 1726/2021-CR que deja sin efecto al decreto supremo 001-2022-TR, que ponía fin a la tercerización en actividades núcleo de las empresas. El decreto fue impulsado por Betssy Chávez, exministra de Trabajo censurada hace cuatro días.
«Las disposiciones del Decreto Supremo 001-2022-TR atentan contra la libertad de contratación, el derecho de propiedad y la libertad de empresa», sostuvo la congresista Silvia Monteza, presidenta de la comisión.
Según la Asociación de Contratistas Mineros del Perú (Acomipe), el fin de la tercerización hubiera puesto en riesgo 70,000 empleos en este sector.
Según el Consejo Privado de Competitividad (CPC), las empresas más afectadas eran las medianas y pequeñas, que dan trabajo a más de 100 mil personas.