En los últimos días, conflictos sociales llevaron a la suspensión de operaciones de dos mineras, Las Bambas (Apurímac) y Cerro Lindo (Ica), pero ¿cuáles son sus implicancias?
Primero, hay que tomar en cuenta que en Perú, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hasta noviembre de este año se registraron 199 conflictos, de los cuales 144 estaban activos y 52 latentes.
Loreto, Cusco, Áncash, Apurímac y Puno son las regiones que encabezan la lista de las zonas con mayor índice de conflictividad.
¿Cuáles son las consecuencias? El gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, explicó a este diario, que un conflicto puede generar, en un corto plazo la suspensión de actividades de una empresa y, por lo tanto, que la región deje de recibir regalías, y también un impacto negativo en el empleo.
“A mediano plazo, la baja institucionalidad regional desalienta nuevas inversiones y todos los negocios que indirectamente dependían de la minería se perjudican”, dijo.
Asimismo, indicó que son 12 regiones en el país donde la minería aporta 20% o más del Producto Bruto Interno (PBI) “y esto es antes de contar encadenamientos con otros sectores”.
Entre las regiones donde la minería aporta al menos el 20% del PBI, están Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y Junín. También, Madre de Dios, Moquegua, Pasco y Tacna.
En tanto, el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, explicó que un conflicto social puede generar que una región aumente sus niveles de pobreza.
“Todo depende del nivel que tenga este problema. Si dura solo un mes, afectará todo ese mes”, aseguró el exfuncionario.
En ese sentido, consideró que es necesario que se brinden soluciones a largo plazo y que mejore la gestión no solo del gobierno nacional, sino también del regional y de los gobiernos locales.
Del mismo modo, indicó que se tiene que aprender del ejemplo de Conga, pues señaló que cuando se paralizó el proyecto, Cajamarca pasó a convertirse en una de las regiones más pobres.
Desarrollo
Si bien, los conflictos no son propios de esta gestión, no se ve mucha acción por parte de este gobierno para solucionarlos. El director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, Gonzalo Delgado, indicó que para solucionarlos hay que buscar el diálogo y cumplir con los acuerdos a los que se llega.
“Cuando negocias con una comunidad tienes que ver que todos los grupos de interés estén representados. Un problema es la ausencia del Estado porque el que tenemos es incapaz de hacer cumplir los acuerdos”, indicó.
Señaló que en el caso del sector minero debe demostrarse que la presencia de estos proyectos genera un cambio en la calidad de vida de las personas de la zona de influencia.
Dato:
-En noviembre hubo cuatro nuevos conflictos más que en octubre. Según la Defensoría del Pueblo, solo un conflicto social se resolvió ese mes. Otros 133 presentaron al menos un hecho de violencia.