Domingo 14 de Julio del 2024

Crisis política y social: el costo de la violencia en los sectores económicos

Publicado en Semana Económica. Por Gustavo Meza, Alessandra Saavedra y Bruno Tuesta

La crisis política que transita el Perú derivó, en las últimas semanas, en un escenario de alta conflictividad social a nivel nacional. Los cierres de carreteras, los ataques a la infraestructura de compañías de diversos sectores y la violencia están generando un daño económico de entre S/60 y S/ 100 millones diarios, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas.

David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad de IPAE, estima que esta situación puede restarle algunas décimas al crecimiento del 2022. Sin embargo, el impacto real de la conflictividad social en el PBI dependerá, finalmente, de su duración e intensidad.

A corto plazo, habrá sin duda un efecto importante, principalmente ocasionado por la ilegal interrupción de vías terrestres y aéreas. “Cortando el transporte, se limita el traslado de productos, trabajadores e insumos, afectando tanto la oferta como el consumo”, señala Guillermo Arbe, gerente de estudios económicos de Scotiabank, sobre desmanes que afectan con particular intensidad a la industria agroexportadora (ver Al borde de la pérdida irreparable).

La escasez por los problemas en la línea de suministro, además, gatillan una subida de precios que alteraría el panorama inflacionario al cierre de este año. La falta de abastecimiento bloquearía, así, la caída de precios de productos importados que se había empezado a vislumbrar en diciembre y, sobre todo, la esperada caída en la inflación.

En medio de ataques infundados a instalaciones de grandes empresas, las pymes vinculadas a sectores como el turismo, la agricultura o el comercio se convierten en las mayores víctimas indirectas de la violencia. “Miles de peruanos tenían la esperanza de recuperarse económicamente en lo que es la mejor campaña del año. [Para ellos] S/ 1,500 pueden marcar la diferencia entre un buen y mal año”, resume Fernando Calmell del Solar, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú.

Transporte: motores apagados

Los bloqueos en carreteras de todo el país han obligado, por ejemplo, a las empresas de transporte interprovincial a paralizar sus operaciones en uno de los meses más importantes del año. Esto no solo les está generando grandes pérdidas económicas, sino que también reduce su capacidad para cumplir sus compromisos con proveedores y trabajadores.

Desde que iniciaron las protestas, empresas como Oltursa han cerrado casi todas sus rutas; entre ellas, Cusco, Ica y Arequipa, que son los lugares con manifestaciones más violentas. “El único lugar al que podemos ir es Chimbote, aunque solo estamos regresando a Lima a los pasajeros que se quedaron varados en Virú”, dice Francisco Obando, gerente general de Oltursa.

Todo ello en un mes clave para el sector, por la alta demanda atribuida al inicio de las vacaciones y las fiestas de fin de año, según Martin Ojeda, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial. Dicho gremio estima que las pérdidas diarias del sector llegan hasta los S/50 millones, mientras empresas como Oltursa calculan que, durante los primeros ocho días de protestas, sus pérdidas ascenderían a S/1 millón.

El menor flujo de caja generado por una menor intensidad de operaciones dificulta, además, el pagode bonos y gratificaciones. “Estuvimos coordinando con los proveedores y trabajadores para pagar el 70% en la quincena y el 30% más adelante”, revela Obando.

Minería: sin acceso ni salida

La violencia afecta también la actividad minera. Hasta el cierre de esta edición, se interrumpía el abastecimiento de insumos, alimentos, reemplazo de personal y traslado de minerales, según la SNMPE. “Si no se soluciona en el corto plazo, se pueden generar impactos en el tesoro del país, la transferencia a las regiones y problemas de producción”, agrega Augusto Cauti, exviceministro de Minas.

Por ahora, las mineras habrían decidido no reducir sus operaciones. Pero existe el riesgo latente de que la violencia escale y se ponga en riesgo alguna operación; especialmente las del corredor minero, como Las Bambas. Una paralización del corredor podría significar una pérdida diaria de S/4 millones, de acuerdo con cifras del IPE.

Ante esta situación, las empresas ya tienen listos sus planes de contingencia. “Tenemos un plan de evacuación ante cualquier intento de entrar a la unidad minera. También hay personal y equipo que hemos evacuado”, cuenta Guillermo Shinno, gerente general de la minera Apumayo.

Turismo: ola de cancelaciones

En el sector turístico, el saldo de los desmanes es la gran afectación de reservas en dos de los destinos más atractivos tanto para el turista extranjero como el nacional: Cusco y Arequipa.

El incremento de la violencia a nivel nacional ya está causando olas de cancelaciones. “La gente está cancelando masivamente las reservas del 26 de diciembre al 5 de enero, que son las temporadas altas de Cusco, Machu Picchu, Arequipa y otros”, revela Juan Stoessel, CEO de Casa Andina. El hotel boutique Andenia, ubicado en el Valle Sagrado, experimentó cancelaciones incluso desde la semana pasada. “Tenemos nueve habitaciones y hemos tenido dos o tres cancelaciones”, cuenta Michel Seiner, cofundador del hotel.

Así, las ventas de un mes clave para la industria corren el riesgo de perderse. “Es el último mes bueno de ventas, porque de enero a marzo es temporada baja en el Valle y Cusco por las lluvias”, afirma Seiner. Según la Cámara Hotelera de Cusco, las cancelaciones están generando pérdidas de casi S/12 millones.

Aunque las empresas deciden no cerrar ninguna operación por ahora, no descartan hacerlo si la situación empeora. Eso afectaría la recuperación de un sector que aún no supera los golpes del la pandemia del COVID-19.

Logística: más cuellos de botella

Los operadores logísticos experimentan, por su parte, retrasos en procesos de última milla, a raíz de los bloqueos. Esto los ha obligado, a su vez, a desarrollar estrategias alternativas para contrarrestar las demoras. “Solo vamos donde no hay inconvenientes ni riesgos y, donde sí los hay, estamos utilizando transporte aéreo”, indica Jhon Álvarez, gerente general del grupo JMA, en alusión a una carga aérea que se triplicó durante estos días.

Algunos jugadores ya evalúan la posibilidad de utilizar otros medios más onerosos, si los conflictos no cesan. “Buscamos rutas alternas para llegar a los mismos lados. En el caso de que ambas vías [terrestre y aérea] estén inoperativas, ya estamos construyendo rutas de cabotaje. La nave más chica es de 8,000 toneladas. Tendríamos que llevarla llena y sale más caro que un transporte terrestre”, comenta José Ríos, gerente general de Scharff.

Las demoras obligarán a concentrar el movimiento en menos semanas, lo que podría formar algunos cuellos de botella. “Tendré dos semanas para mover lo que tenía que hacer en cuatro”, agrega Ríos.

Otras compañías, como Dinet, han experimentado demoras de 48 a 72 horas en algunas zonas, según Sebastián González, su gerente de e-commerce. “El volumen [de carga] puede aumentar hasta en un 40% de flujo por campaña. Esto ha impactado en el último tramo y el flujo puede rondar entre un 18% y 25%”, acota González.

Finalmente, algunos retailers han optado por cerrar tiendas en zonas de conflicto, aunque no sus operaciones en dichos centros. “Tenemos cinco tiendas cerradas y utilizo estas solo como centros de distribución. En la zona sur hay retrasos en entregas de uno o dos días, pero no se ha paralizado”, concluye Pedro Mont, gerente general de Platanitos, sobre una crisis que no ve aún la luz al final del túnel.

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