La inversión pública -que agrupa aquella ejecutada bajo licitación pública, APP y obras por impuestos (OxI)- ha disminuido en los últimos cinco años, pese a que las enormes brechas de infraestructura determinadas en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (S/ 363, 452 millones) nos obligan a ejecutar más y mejor. Solo en 2020, se registraron importantes caídas en las adjudicaciones de APP y la ejecución de proyectos de inversión del sector público: s adjudicaron dos APP por USD 38 millones y se ejecutaron solo USD 8,260 millones en proyectos (-9,1% con respecto al 2019).
Esta caída en la capacidad del Estado para llevar a cabo proyectos se debe a diversas razones que son consecuencia de problemas estructurales en todo l proceso de inversión. Por el lado de las APP, el principal inconveniente con las duplicidades dentro de todo el proceso. Por ejemplo, en la formulación de una APP cofinanciada, se duplica el contenido entre el estudio de inversión a nivel perfil -que se exige que sea a través de Invierte.pe mediante la elaboración de un proyecto de inversión pública- y el Informe de Evaluación (IE) – que es el business case de la APP- en más del 75%.
Asimismo, en la estructuración de las APP, las duplicidades se generan debido a la multiplicidad de actores involucrados: Proinversión, el Ministerio de Economía (MEF), organismos reguladores y la Contraloría General de la República (CGR). En particular, en el caso de los organismos reguladores, solo el 33% de sus opiniones está relacionado con temas tarifarios, facilidades esenciales y calidad de servicio. Lo mismo ocurre con la CGR, pues solo el 11% de sus opiniones se circunscribe a la capacidad financiera del Estado para cumplir con sus compromisos de financiamiento.
Por el lado de los proyectos de inversión pública (PIP), la migración del SNIP hacia invierte.pe no generó mayor agilidad en su evaluación, pues se continúan formulando con un concepto de costo unitario en vez de enfocarse en el cierre de brechas. Esto se refleja en que ls fichas técnicas (simplificadas y estándar), junto con los anexos que se deben elaborar, solicitan prácticamente la misma información que un PIP regular. Entonces, no se cumple con l objetivo de simplicidad.
Adicionalmente, persisten los problemas en la adjudicación de proyectos generados por la falta de respuestas oportunas en la etapa de consultas a las bases. Esto repercute en demoras en la adjudicación de la buena pro. Solo de una muestra de proyectos adjudicados por Provías Nacioal en 2019, el nivel de retraso de la buena pro fue de 178 días respecto a lo programado inicialmente.
Ante esta situación, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) propone, para las APP desligarse de Invierte.pe al sustituir los estudios de preinversión por el IE, de acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Promoción de Inversión Privada. Asimismo, para eliminar las duplicidades en la fase de estructuración, se propone generar un marco normativo integral que regule la participación de los distintos actores, a fin de identificar las entidades que deberían intervenir generando información, emitiendo opiniones o aprobando cada fase.
Con relación a la inversión del sector público, se propone simplificar el contenido de los estudios de preinversión, así como de ficha técnica, y el registro de las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR). Además, para acelerar la ejecución de proyectos, se recomienda incorporar mecanismos alternativos para contratación e obras públicas para proyectos de gran envergadura: acuerdos de Gobierno a Gobierno (G2G) y contratos de uso estándar internacional (NEC).
Aún se observan grandes problemas estructurales que impiden la adjudicación de proyectos de inversión pública y público-privada, con miras a superar las brechas de infraestructura existentes. La crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19 nos ofrece una nueva oportunidad para mejorar los procesos y acelerar los proyectos, con el fin de brindar mejores servicios públicos a los ciudadanos.