Esta semana se presentó el Informe de Competitividad 2022, el cual plantea iniciativas de políticas públicas en 11 aspectos cruciales para mejorar la competitividad del Perú. Este año, se incorporaron dos pilares: desarrollo digital y estabilidad macroeconómica. El primero llegó por la nueva normalidad y el segundo por la importancia de que las autoridades usen responsablemente los recursos del país. David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), habla sobre el informe y analiza la situación del país en un contexto donde la buena gobernanza pende de un hilo.
Han presentado el Informe de Competitividad 2022. En este expresan preocupación por el gasto ineficiente del Estado. ¿Cómo puede reducirse?
Esto viene por el discurso de que requerimos más impuestos en un contexto donde la economía viene de ser golpeada, cuando se requiere un espacio de predictibilidad y tranquilidad para que familias y empresas puedan recuperarse. La insistencia del anterior ministro (de Economía, Pedro Francke) de querer imponer impuestos a los mineros, a la ganancia de capital, a la riqueza era un error porque el Estado peruano ha venido demostrando durante bastante tiempo que lo que recauda no lo usa, y cuando lo hace, en muchos casos desperdicia el dinero de los peruanos.
¿Cómo se encuentra el Perú en competitividad? Estamos en una coyuntura donde ha habido un deterioro de la gobernanza y de la institucionalidad.
La institucionalidad está basada en la eficiencia del Estado, en la capacidad que este tiene para cumplir su contrato social al proveer servicios básicos de calidad al ciudadano. En diferentes encuestas como Latinobarómetro el Perú queda en la cola respecto a la percepción que tiene la población sobre los servicios de educación, salud, justicia, seguridad, por mencionar cuatro aspectos importantes. Detrás de esa gobernanza, un elemento clave es contar con buenos funcionarios públicos, que es lo que llamamos la meritocracia en el Estado. Y claro, (la falta de esta) es un tema endémico.
Como Petroperú…
Tenemos el caso de Petroperú, que básicamente está generando bonos basura y a todos los peruanos nos podría costar más de US$4,000 millones de dólares. Y cuando uno revisa, resulta que cuando llegó el nuevo gerente general (Hugo Chávez) despidió a toda la plana gerencial y los reemplazó por funcionarios que no cumplían el nivel. De hecho, hay un informe de la Contraloría General de la República de octubre, lapidario, que señala que prácticamente ninguno de los funcionarios nombrados cumplía con el perfil del puesto y luego nos enteramos de que la auditora PwC señala que no podía hacer la auditoría en el tiempo que se pedía porque los funcionarios que estaban en la institución no sabían nada del tema y tenían que empaparse. Ahí te das cuenta de que si eso ha salido a flote. ¿Qué estará pasando en el sector público?
El paro de transportistas ya se le fue de las manos al Gobierno. ¿Qué debería hacer el Ejecutivo?
Hay que entender que este es un contexto global (la inflación y el alza del precio del crudo por la guerra entre Rusia y Ucrania). El tema es brindar soporte a aquellos que menos tienen. Antes que los transportistas, están las familias. (…). En el tema del transporte, lamentablemente este colectivo tiene una trayectoria de mantener amenazado al Gobierno. Es necesario llevarlos a la mesa de negociación, pero el problema es que ahí nos topamos nuevamente con la falta de capital humano en el Gobierno. No tenemos gente capaz de hacer negociaciones adecuadas y esto lo estamos viendo no solo en el paro de transportistas, sino también en la conflictividad en el sector minero, donde el Gobierno está adoptando una actitud de silbar, mirar al aire y, cuando puede, echar la culpa a la misma minería.
La mina Cuajone está paralizada por los bloqueos y se asemeja a lo que sucedió en Las Bambas. ¿Mirar al costado y solo ‘apagar incendios’ de forma tardía es la nueva política de Estado?
Esa es la gran preocupación, la conflictividad ha ido evolucionando por un lado. Por otro, se requería, contar con funcionarios de nivel, que tuvieran la capacidad de anticiparse, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a un contexto económico complicado. ¿El contexto lo requiere, no? Las circunstancias serían muy diferentes si hubiéramos tenido hoy un Gobierno que desde el 28 de julio hubiese estado promoviendo la confianza en la inversión privada. Estaríamos creciendo, pero no al ritmo de 2% como ahora, sino más.
Hay interés desde el Gobierno, de ‘bajar de liga’ a Servir y que esta responda al Ministerio de Trabajo y ya no a la PCM. ¿Qué efectos podrían generarse?
El tema de que Servir pase al Ministerio de Trabajo forma parte de la famosa Agenda 19, que la actual ministra (Betssy Chávez) ha posicionado dentro del Consejo de Ministros. Y lo que pretende el ministerio es defender pedidos de las fuerzas sindicales respecto a derechos mal entendidos, que implican estabilidad laboral absoluta y evitar la meritocracia, que los mejores obtengan mejores remuneraciones. ¿Si vamos a tener maestros o funcionarios pagados con los impuestos de todos los peruanos, pues que sean los mejores, no? El concepto meritocrático no calza con la visión que tiene hoy el Ministerio de Trabajo, que debería cambiar su nombre (…). “El Ministerio de Trabajo debería llamarse Ministerio Representante de los Sindicatos, y los sindicatos representan apenas el 0.5% de toda la PEA ocupada”.