Las violentas manifestaciones y el vandalismo que se apoderó de las calles a nivel nacional, luego de la vacancia de Pedro Castillo, reveló el nivel de desconocimiento de los peruanos respecto al contenido de nuestra Carta Magna, del funcionamiento de nuestro sistema electoral y de cómo grupos radicalizados aún buscan impartir miedo y zozobra en el país. Esta situación impacta de manera grave la economía de miles de empresarios y golpea la economía del país, que pierde alrededor de S/100 millones diarios.
Por otro lado, Castillo mantiene su estrategia de victimización aduciendo que su detención es arbitraria y que constituye un secuestro de parte de grupos de poder. A ello se suma su intención de deslegitimar a Dina Boluarte como presidenta del Perú. Cabe mencionar que el país ya afrontaba una crisis política, pero esta recrudeció con su decisión inconstitucional de cerrar el Congreso y atentar contra el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia.
Vigilante.pe conversó con David Tuesta, economista y presidente del Consejo Privado de Competitividad, quien nos comentó sobre lo importante que es comunicar cuáles son los delitos y graves cuestionamientos que pesan sobre Pedro Castillo y lo útil que serían las nuevas reformas constitucionales para mejorar nuestro sistema de elecciones.
Es una situación muy compleja. Hay que tener en cuenta que Pedro Castillo cometió un delito y está bien detenido. Por eso, ahora toca hacer una explicación muy clara de lo que significa este adelanto de elecciones. Se ha colocado la fecha en 2024, porque no puede ser mañana mismo. Tenemos que ver todo con prudencia.
Es un discurso que le funciona. Hay un porcentaje de la población que lo cree y ese es un tema que requiere análisis.
El 2024 suena como si la presidenta Dina Boluarte quisiera alargar su periodo, pero, en realidad, es un tema de tiempos y leyes que están detrás. Entramos en un escenario en el cual hay violencia. Hoy sí son violentos, pero detrás de estas marchas no solo hay gente violenta, sino que hay gente que se ve arrastrada y contagiada a hacer ese reclamo. Aunque, definitivamente, no es la forma de hacerlo. Generar el diálogo es bien complicado. Se ha reaccionado demasiado tarde, no creo que se tuvo una lectura adecuada.
Es difícil. Hay demasiados intereses declarados. Yo considero que la presión que ejerce la calle es incentivada por las ganas de algún cambio. Si no es ahora, puede pasar todo esto por encima. El riesgo está en que la presidenta termine renunciando deliberadamente y que eso conlleve a que directamente el Congreso tenga que asumir la presidencia, pero si se encuentran las mismas falencias y debilidades en la Mesa Directiva, está el peligro que esta cambie y que, luego (al asumir la presidencia), se termine convocando a otra cosa.
Para muchas agrupaciones extremistas la fórmula es que renuncie Dina, que suba la Mesa Directiva (en referencia a José Williams), se destrone a la Mesa y así subir ellos para plantear la Asamblea Constituyente. Eso es lo que yo creo que se está jugando en el Congreso.
A corto plazo, el daño principal es el tema de las paralizaciones y el corte de las vías de comunicación. También el daño a los bienes. Esas pérdidas se pueden cuantificar directamente. Espero que se logre un entendimiento, nadie quiere ver un escenario en términos de cierre, porque esto genera un nivel de desconfianza mayor del existente.
Nos exponemos a reacciones por parte de mercados internacionales. Por eso, se tiene que ir más allá de lo que significan las paralizaciones y la violencia de las marchas e ir a lo que puede derivarse de estos acuerdos o desacuerdos en materia económica. Hoy es difícil saber en qué terminará a nivel económico, porque existen varios factores que se están moviendo de manera simultánea. Estamos en una incertidumbre.