Lunes 04 de Marzo del 2024

Desarrollo económico regional: todo pasa por la gestión pública

Publicado en Semana Económica

CADE 2021. La competitividad regional no podrá despegar mientras no se fortalezca la institucionalidad y la meritocracia en la gestión pública. La inversión en educación e infraestructura, acompañada de servicios, es una demanda de largo aliento.

Elevar la competitividad de las regiones para reducir las brechas sociales que mantienen respecto de Lima es uno de los grandes desafíos pendientes del país. Sin mejoras en la productividad laboral —a partir de mejores sistemas educativos e inversiones intensivas en infraestructura— y en las capacidades de la gestión pública a nivel regional y local, el avance será muy limitado. “Para mejorar la competitividad no hay una bala de plata. Son asuntos entrelazados, a veces se requiere de un [factor] para mejorar otro”, comenta Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).

 

Trabajo pendiente

La productividad laboral, una de las fuentes del crecimiento y desarrollo económico de largo plazo, está rezagada en el Perú. Entre 2004 y 2013, la productividad promedio del país fue cinco veces menor que la de Estados Unidos y Alemania, según un estudio elaborado por los economistas Nikita Céspedes, Pablo Lavado y Nelson Ramírez en el 2016. A ello se suma que la actividad económica, y por tanto, los empleos de mayor productividad, han estado concentrados históricamente en Lima y ciudades costeras (ver gráfico Evolución de la distribución…).

En ese contexto, mejorar los estándares educativos en las regiones es una condición necesaria para elevar su productividad y, con ello, el nivel de ingresos de la población, que a su vez crea un círculo virtuoso de consumo. El incremento de la mano de obra calificada necesita del fortalecimiento de centros de educación técnicos y tecnológicos, sostiene Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores y exministro de Economía y Finanzas. Asimismo, el Estado podría promover convenios educativos interregionales que permitan el intercambio estudiantil en especialidades que no existan en algunas regiones, indica Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y exministra de Desarrollo e Inclusión Social. “No se necesita tener una universidad en cada provincia. Se necesita asegurar que la gente que vaya a trabajar en esa provincia pueda formarse en algún lugar sobre eso que le es útil y regresar”, agrega.

Otro factor fundamental para elevar las capacidades de la fuerza laboral en las regiones pasa por la inversión en infraestructura. La anemia, desnutrición y enfermedades diarréicas —condiciones que afectan el aprendizaje— pueden atacarse a través de acceso a agua potable y saneamiento, explica Macera. “Por el mismo lado, si se tiene mejor infraestructura en los colegios, se tienen mejores aprendizajes y probablemente más competitividad para desarrollar industrias”, añade.

 

Shock de infraestructura

Adicionalmente, mejoras en la conectividad vial y de comunicaciones —como Internet de banda ancha—, reducen costos logísticos y permiten potenciar cadenas productivas que aportan al desarrollo económico regional, coinciden los especialistas consultados. El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), publicado en el 2019, contiene una lista priorizada de proyectos orientados al cierre de brechas (ver gráfico Proyectos priorizados…).

Las mejores condiciones de infraestructura pueden potenciar cadenas de valor asociadas al empaque y logística del sector agroindustrial, ejemplifica Castilla. “Estas actividades tienen enormes encadenamientos al sector de servicios”, resalta. La adopción de nuevas modalidades de ejecución de la inversión pública, como los acuerdos G2G (Gobierno a Gobierno) —aplicados en los Juegos Panamericanos y en la Reconstrucción Con Cambios— o los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP), ayudarían a acelerar la ejecución de proyectos, dice el extitular del MEF.

Asimismo, la dotación de infraestructura debería tener un enfoque integral. “Lo que necesitamos son paquetes de infraestructura, en el Perú estamos acostumbrados a una visión sectorial. Lo que genera desarrollo es cuando llega todo junto la carretera con electricidad, agua y desagüe”, comenta Trivelli. Para amplificar el impacto positivo sobre la competitividad de regiones, el paquete de infraestructura tiene que complementarse con un paquete de servicios públicos y privados, como servicios financieros y logísticos, agrega.

 

Institucionalidad (más) frágil  

Las deficiencias a nivel de gestión y capacidades en los gobiernos regionales y locales —desde la alta rotación de personal hasta casos de corrupción— impiden que se materialicen las propuestas para el desarrollo económico.

El lento avance del PNIC es prueba de ello. “Según un informe de la Contraloría son S/18,000 millones paralizados en 1,000 proyectos, muchos de los cuales están en provincias”, comenta Castilla. Entre ellos están el tramo 4 de la Carretera longitudinal de la sierra, Chavimochic III y Majes Siguas II, detalla Camilo Carrillo, economista principal del Consejo Privado de Competitividad (CPC).

La mejora en la calidad de la gestión pública también pasa por la meritocracia. “El Estado no ha cuidado a sus profesionales, los puestos claves no reciben buena remuneración”, dice Carrillo. “Si no es posible universalizar Servir, se deben crear espacios meritocráticos bien remunerados que garanticen cierta estabilidad en equipos clave como presupuesto y concesiones en el MTPE, infraestructura en el Minedu e inversiones en el MEF”, detalla el economista.

Adicionalmente, Carrillo sostiene que se debe respetar la capacidad del funcionario de tomar decisiones sustentadas, en un contexto en el que la Contraloría opina técnicamente y puede demandar a los funcionarios —en el control concurrente o posterior— si discrepa con ellos. Esto también explica la parálisis de los proyectos. “Ya no se toman decisiones porque justamente es mejor no tomar una decisión a tomar una decisión que te genere un problema”, dice.

En ese contexto, la descentralización puede replantearse. “La descentralización quizás merece una revisión que posiblemente demande una enmienda constitucional. Se debe cuidar que la transferencia de responsabilidades guarde relación con sus capacidades para ejecutar”, puntualiza Macera, del IPE.

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