Una de las grandes dificultades que tuvo el Ejecutivo para auxiliar económicamente a la población del impacto de la pandemia fue el alto nivel de informalidad de los trabajadores, quienes, además de no contar con una CTS o un fondo de AFP, tampoco estaban identificados correctamente por el Estado. Más de un año después, el Consejo de Ministros aprobó la Política Nacional de Empleo Decente con el fin de cerrar las brechas en el mercado laboral del país.
“Nueve de cada diez peruanos no tienen un empleo decente”, manifestó Eduardo Vega, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, precisó que esta política incluye 55 servicios de los sectores involucrados que contribuirán a la generación de más empleos decentes con un horizonte de ejecución hacia el 2030.
La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, refirió que esta política contiene lineamientos generales que identifican los principales problemas en el mercado laboral. Posteriormente, se realizará un plan multisectorial con acciones concretas que promuevan el empleo decente; es decir, que el trabajador esté en planilla, tiene derecho al descanso y labora en condiciones dignas.
Prioridades
Rocío Medina, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), saludó que el Estado asuma un rol más activo en afrontar un mercado laboral golpeado que se recupera, pero en condiciones inadecuadas.
“La política debe orientarse a reincorporar a desempleados y reducir el número de inactivos, pues no buscan empleo y pierden productividad. Mientras más tiempo pasa, todo este capital humano se queda desfasado, aún más con la pandemia”, dijo.
En tanto, Pablo Lavado, director de la Maestría de Economía de la Universidad del Pacífico, indicó que es necesario priorizar en el largo plazo la productividad de las personas en línea con la mejora de servicios de salud y educación.
“De cada 10 escolares que terminan la secundaria, seis ingresan a trabajar. La educación secundaria es científica, no prepara para trabajar [decentemente]”, comentó, por lo que se debe pensar en una educación dual desde la secundaria.
En el corto plazo, Lavado resaltó que es necesario considerar un sistema de protección social integral que no esté vinculado a una relación laboral; sobre todo con un enfoque en los trabajadores independientes.
De otro lado, Medina indicó que se debe articular el plan multisectorial con el sector privado; especialmente con la gran empresa, pues esta concentra casi el 56% de los trabajadores formales y tienen una mayor capacidad de absorber el empleo digno que se busca promover.
Lavado, en tanto, subrayó que será un gran reto incluir en la elaboración de este plan a los autoempleados y las microempresas, que emplean al 95% de la PEA y, afirma, no han estado debidamente representadas en reformas laborales previas.
Desde el CPC, Medina señaló que ellos plantean implementar consejos sectoriales que permitan unir la oferta formativa educativa con lo que demanda el sector productivo en cada región; fomentar la asociatividad de empresas pequeñas para que sean más productivas y reduzcan sus costos laborales; entre otros aspectos.