Otro riesgo latente son los rescates financieros a Petro Perú. El 61% de expertos prevé que antes de finalizar el año se autorice un nuevo apoyo fiscal, similar al realizado en septiembre por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La reciente situación fiscal ha obligado a que analistas pongan especial atención en los indicadores que la rodean para alertar a tiempo sobre los factores que pueden afectarla. En este contexto, el Consejo Privado de Competitividad compartió en exclusiva con Gestión su encuesta de expectativas fiscales, que tiene por objetivo recabar la opinión y estimaciones de expertos nacionales e internacionales en la materia.
Una primera mirada recae en el déficit fiscal. Según el Banco Central de Reserva (BCR), se situó en 2.4% del PBI a agosto último. En este contexto, el 54% de los especialistas prevé que el déficit fiscal se mantendrá en torno a dicho nivel al cierre de este año. No obstante, advierten que las recientes iniciativas de gasto, impulsadas principalmente por el Congreso de la República, podrían ejercer presiones al alza en los próximos meses.
Hay que recordar que las reglas fiscales vigentes establecidas en el Decreto Legislativo 1621 disponen que el déficit fiscal no debe superarse el 2.2% del PBI en este 2025. En marzo último, los expertos encuestados anticipaban que dicha meta no se cumpliría, proyectando un déficit fiscal de 2.5%. En junio, ante los anuncios del gobierno sobre posibles incrementos del límite de la regla fiscal, la proyección se elevó a 2.7%. Sin embargo, en esta última edición, las estimaciones se redujeron a 2.4%, reflejando el efecto de precios internacionales de los minerales más favorables.
Al ser consultados sobre la evolución esperada del déficit fiscal para los próximos tres años, los expertos anticipan que éste se mantendrá en niveles relativamente elevados, con proyecciones promedio de 2.5 del PBI en el 2026, 2.3% en el 2027 y 2.1 en el 2028. En este escenario se evidencia la falta de un proceso de consolidación fiscal que debería conducir a un déficit de 1% del PBI hacia 2028. Los expertos encuestados son contundentes: el 92% considera que no se alcanzará dicho objetivo, mientras que sólo el 8% estima que sí se cumplirá.
En consecuencia, los especialistas se muestran más escépticos con respecto a la capacidad del gobierno para cumplir los objetivos fiscales, especialmente ante las recientes medidas adoptadas en materia de gasto público.
En la edición de junio del Monitor Fiscal, los expertos consideraban que el Poder Legislativo y Ejecutivo venían impulsando medidas que ponían en riesgo la sostenibilidad fiscal. Esta vez se les consultó si dicha tendencia se reduciría, se mantendría o se agravaría durante el resto del periodo legislativo y en el periodo de transición. Respecto al Legislativo, el 67% de los encuestados estima que la tendencia se mantendrá, mientras que —y quizá es la parte más preocupante— el 33% prevé que se agravará. Los expertos señalan que el Congreso mantiene los mismos incentivos políticos y no evidencia cambios en su comportamiento.
En un año electoral, la búsqueda de reelección podría intensificar la aprobación de iniciativas populistas con alto costo fiscal. Esto podría comprometer las cuentas públicas del próximo gobierno al aprobarse normas con efectos permanentes en el gasto, conocidas como bombas fiscales. Las leyes que incrementan sueldos en el sector público generarían un desajuste fiscal al crear gastos rígidos que limitan la capacidad para contener el déficit y cumplir las metas fiscales, provocando un desequilibrio estructural.
Respecto al Ejecutivo, el 67% de los encuestados considera que la tendencia se mantendrá, el 4% que se agravará y el 29% que se reducirá. Para los expertos, el Ejecutivo carece de una estrategia clara para enfrentar las medidas del Congreso y muestra escasa voluntad política para cumplir las metas fiscales. Destacan la falta de iniciativas para revertir la interpretación del Tribunal Constitucional sobre el artículo 79 de la Constitución que otorga iniciativas de gasto al Congreso, así como la ausencia de diálogo y negociación con las bancadas para retirar proyectos o aceptar observaciones del Ejecutivo.
Otro riesgo latente son los rescates financieros a PetroPerú. El 61% de expertos prevé que antes de finalizar el año se autorice un nuevo apoyo fiscal similar realizado en septiembre por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El 86% considera que el impacto fiscal de una nueva intervención sería bajo o moderado. Y un 14% advierte que esto podría ser significativo, especialmente si se financia con deuda.
El Congreso aprobó en septiembre la autógrafa de ley que establece un incremento de la pensión docente a 3.300 soles, que ha sido observada por el Ejecutivo. Según estimaciones del MEF, su implementación tendría un costo fiscal anual de 7.395 millones de soles.
Los expertos opinaron sobre el impacto que tendría la implementación de dicha ley en el proceso de consolidación fiscal hacia el 2028. El 88% considera que el impacto sería alto, el 12% lo califica como medio y ningún experto estima que el efecto sería bajo. Los especialistas coinciden que esta medida generaría un gasto permanente sin respaldo financiero sostenible, equivalente a más del 0.6% del PBI en 2026, que no podría ser cubierto con los ingresos fiscales. Además, sentaría un precedente.
En el largo plazo señalan que el sistema de pensiones no es fiscalmente sostenible, sin la creación de ingresos permanentes, por lo que se requieren ajustes estructurales para evitar un mayor deterioro de las cuentas fiscales.
El deterioro fiscal también afecta la percepción de solvencia del país entre inversionistas y las agencias calificadoras internacionales. Al ser consultado sobre la posibilidad de que el riesgo país aumente hasta niveles que impliquen la pérdida de grado de inversión, el 79% de los expertos respondió afirmativamente.
Lee nuestro informe completo: Monitor Fiscal – Noviembre 2025