Martes 27 de Febrero del 2024

EL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO (AIR) Y SU IMPORTANCIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS

Publicado en Sudaca

«La implementación del AIR implica un cambio de paradigmas en la forma cómo se hacen las regulaciones»

Araceli Acuna

El pasado 26 de julio, la nueva presidenta del Congreso de la República, dio su primer discurso como titular del Poder Legislativo, afirmando que durante su gestión propondría la creación de un área de calidad regulatoria, a fin de que preste asesoría a los congresistas en la elaboración y presentación de sus proyectos de ley.

Esta iniciativa es de gran importancia porque se sumaría a la labor que viene realizando el Poder Ejecutivo desde el 2016, con la incorporación de dos grandes instrumentos de calidad regulatoria aprobados mediante los Decretos Legislativos 1310 y 1448.  El primero es el Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), que permitió que las entidades públicas del Poder Ejecutivo (EPPE) lleven a cabo el análisis de todos sus procedimientos administrativos establecidos en disposiciones normativas de alcance general, con el fin de identificar, eliminar y/o simplificar los que resulten innecesarios, ineficaces, injustificados, desproporcionados, redundantes o no se encuentren adecuados al marco legal. Los resultados de la primera evaluación del ACR que realizó la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a seis grupos de EPPE, significó la eliminación del 30% de los trámites, lo que impactó en aproximadamente cuatro millones de solicitudes entre personas naturales y jurídicas, lográndose reducir la carga en S/ 286,3 millones.

El segundo instrumento es el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), que es una “herramienta que sirve para examinar de manera sistemática los beneficios, costos y efectos potenciales de una propuesta normativa (o alternativa no regulatoria), ya sea nueva o la modificación de una preexistente”[1]. En otras palabras, el AIR sirve para mejorar la calidad de las propuestas normativas, porque proporciona una metodología que ayuda a identificar el problema público que se quiere atender, comparando las distintas alternativas para darle solución (regulatorias o no regulatorias) e identificando los costos y beneficios derivados de la incorporación de dicha medida.

Actualmente, la SGP de la PCM viene desplegando un plan de implementación del AIR Ex Ante en el Poder Ejecutivo, el cual se inició con la aprobación de su reglamento mediante Decreto Supremo 063-2021-PCM y de un Manual que establece los pasos imprescindibles para una adecuada aplicación de la metodología. Además, se viene desarrollando de manera progresiva un proceso de sensibilización, fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a los funcionarios y servidores públicos de las EPPE que están obligadas a implementar esta metodología[2]. Y desde julio del presente año se inició la última etapa del proceso de implementación del AIR con un primer grupo (de un total de cuatro) conformado por 14 entidades que deberán aplicar de manera obligatoria dicha metodología en sus proyectos normativos de alcance general incluidos dentro del ámbito de aplicación del AIR[3].

Si bien estas etapas de implementación tienen el soporte de seguimiento, monitoreo y evaluación a cargo de la SGP de la PCM, es importante que las EPPE involucradas se encuentren comprometidas en el proceso mediante las siguientes acciones: i) una participación activa en los talleres de capacitación y un compromiso de réplica y difusión de estos talleres al interior de la entidad; ii) la designación del Oficial de la mejora regulatoria; iii) la conformación de equipos multidisciplinarios que sigan las pautas establecidas en el Manual para la aplicación AIR Ex Ante, y que tengan asegurada su permanencia durante el proceso de implementación del AIR.

La implementación del AIR implica un cambio de paradigmas en la forma cómo se hacen las regulaciones, porque permite ver a una propuesta normativa, ya no como un instrumento aislado que culmina con una norma sin mayor sustento y evidencia, sino como parte de un ciclo regulatorio que tiene como objetivo mejorar la calidad de las regulaciones, lo que a su vez genera una serie de beneficios, como aumentar la calidad de la gestión pública y contribuir al bienestar general y al mejor rendimiento de la economía; por lo que, iniciativas como la plantada por la actual titular del Parlamento contribuyen a este fin, en especial si tenemos en cuenta la baja calidad de los proyectos normativos del Congreso.

 


[1] En una primera etapa, el AIR se aplicará de manera progresiva y obligatoria a entidades públicas del Poder Ejecutivo. En una siguiente etapa, el AIR se aplicará a otras entidades y niveles de gobierno, para lo cual se establecerá disposiciones normativas pertinentes.

[2] En la primera etapa de implementación del AIR (jul 2022- jul 2027), se aplicará de forma obligatoria a decretos supremos, proyectos de ley y decretos legislativos propuestos por entidades públicas del Poder Ejecutivo, incluidos en los supuestos del numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento AIR; y en la segunda etapa el análisis será de los demás proyectos normativos de carácter general de menor jerarquía al Decreto Supremo que abarque alguno de los supuestos establecidos en el numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento AIR Ex Ante.

[3] En la primera etapa de implementación del AIR (jul 2022- jul 2027), se aplicará de forma obligatoria a decretos supremos, proyectos de ley y decretos legislativos propuestos por entidades públicas del Poder Ejecutivo, incluidos en los supuestos del numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento AIR; y en la segunda etapa el análisis será de los demás proyectos normativos de carácter general de menor jerarquía al Decreto Supremo que abarque alguno de los supuestos establecidos en el numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento AIR Ex Ante.

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