Lunes 04 de Marzo del 2024

¿El fin de Majes Siguas II?: los ‘manotazos de ahogado’ alrededor del proyecto agrícola

Publicado en Semana Económica

El megaproyecto de irrigación tendría una última oportunidad. El Gobierno Regional de Arequipa podría negociar una ampliación de plazos con Cobra, la concesionaria del proyecto, dado que habría mayoría a favor de la Adenda 13 dentro del Consejo Regional. Por el contrario, en caso prospere la resolución del contrato, se podrían iniciar arbitrajes contra el Estado.

Majes Siguas II todavía tendría una oportunidad para reactivarse en el corto plazo. Tras la solicitud de resolución del contrato de concesión por parte de Cobra, concesionaria del megaproyecto de irrigación, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) podría negociar una ampliación del plazo para suscribir la Adenda 13. En caso no se logre una extensión y la resolución del contrato prosiga, se iniciarían dos arbitrajes internacionales; mientras tanto, corren 12 meses desde la fecha de resolución del contrato para encontrar un nuevo concesionario, las perspectivas son negativas.

En octubre del 2021, el gobernador Elmer Cáceres Llica, siete consejeros regionales y otros altos mandos del GRA fueron detenidos o se fugaron de la justicia en el marco del caso «Los hijos del cóndor». Desde entonces, Arequipa ha cambiado dos veces de gobernador, lo cual ha generado un clima de incertidumbre política en el que no se priorizó la votación de la Adenda 13; el plazo final venció el 30 de diciembre del 2021. Tras ello, en enero Cobra dio por resuelto el contrato de concesión, alegando cuatro incumplimientos de parte del GRA: entregar todos los predios, suscribir el contrato de garantía soberana, entregar el instrumento de gestión ambiental de la Presa Condoroma, y asumir compromisos y obligaciones para la suscripción de la Adenda 13. Además, Cobra calcula daños y perjuicios por US$220 millones. «Lamentablemente, a la fecha, el concedente no ha subsanado ninguno de estos temas, pese al plazo extendido que la concesionaria le otorgó para estos efectos en reiteradas ocasiones», indicó la empresa.

Cobra ha enviado solicitudes de resolución del contrato de concesión en dos ocasiones anteriores: enero del 2016 y setiembre del 2020, ambas aludían a incumplimiento de obligaciones por parte del concedente. «Es una forma de decir que ya se cansaron de esperarlos, pero tiene un componente de presión hacia el Estado para que se tomen decisiones», opina Camilo Carrillo, economista principal del Consejo Privado de la Competitividad. Tras las detenciones del caso «Los hijos del Cóndor», la nueva mayoría dentro del Consejo Regional de Arequipa se mostraría a favor de aprobar la Adenda 13. «En las dos ocasiones anteriores se superó la solicitud. La gobernadora encargada [Kimmerlee Gutiérrez] no sabe qué hacer, tiene que suscribir un acta que amplíe los plazos para que el Consejo pueda votar», resalta el consejero regional Haberth Zúñiga a SEMANAeconómica.

El GRA tiene 45 días para responder a Cobra. En el escenario en que se prosiga con la resolución del contrato, se abren dos posibilidades de arbitraje contra el GRA: por los incumplimientos citados y por el monto de los daños y perjuicios. Además, desde la fecha de la resolución del contrato, el Estado tiene un plazo de 12 meses para concesionar el proyecto a otra empresa. «En cualquier momento las partes pueden volver a ponerse de acuerdo. Si hay caducidad, se nombra un interventor para que maneje la concesión mientras el concedente busca un nuevo concesionario. Va a ser difícil tomar este contrato dados los antecedentes de gestión. En todo caso, pasados los 12 meses se puede hacer un nuevo concurso u optar por un mecanismo diferente, como obra pública o G2G», explica Juan José Cárdenas, líder de infraestructura y proyectos de EY Law.

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