En el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), sin consultar a nadie, se ha decidido eliminar la tercerización laboral en “las actividades neurálgicas o núcleos de negocios de las empresas”. De esta manera, mediante el Decreto Supremo N° 001-2022 se elimina un sistema de contratación sin consultar a las empresas; es decir, a las únicas entidades que crean empleo sostenible y posibilitan reducir la pobreza. Ni siquiera se convocó al Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) ni se consultó a los demás ministerios que tienen que ver con este tema.
Ya todos sabemos que crear derechos al margen de la productividad de las empresas solo aumenta la informalidad, precariza el empleo y, sobre todo, afecta a los trabajadores. Por ejemplo, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP) acaba de informar que, durante la pandemia, se lograron preservar 1.8 millones de empleos (directos e indirectos) vinculados a la actividad minera. Sin embargo, se alerta, existen más de 2,069 empresas contratistas que se verían afectadas por la eliminación de la tercerización.
Para entender la irracionalidad de la decisión del MTPE de eliminar la tercerización laboral, vale señalar que decenas de empresas comunales y locales que han surgido en las áreas de influencia directa de las minas, simplemente tendrían que desaparecer. Otro ejemplo: la solución que plantean sectores de la provincia de Chumbivilcas para levantar los bloqueos en contra de MMG-Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del mundo, pasa por establecer servicios a través de empresas locales.
Por otro lado, el Consejo Privado de Competitividad señaló que las restricciones a la tercerización ponen en peligro el empleo de 105,000 trabajadores. Asimismo, la Unión de Gremios del Perú sostuvo que el mencionado decreto del MTPE afecta a decenas de miles de empleos, sobre todo los creados por las pequeñas y medianas empresas (pymes)
Tal como lo sostuvimos en un editorial anterior, detrás de la decisión del MTPE de restringir la tercerización laboral está la extrema ideologización de las corrientes colectivistas y comunistas. Para los funcionarios del sector no existe el concepto que define la vida o la muerte de las empresas en el mercado: la productividad. Un concepto tiene que ver con la capacidad de las unidades económicas de combinar factores de producción, como capital y trabajo, para aumentar la producción de las empresas. En otras palabras, cómo hace una empresa para producir más, innovar en la producción y seguir creciendo utilizando correctamente el capital y el trabajo a su disposición.
En este contexto, si de pronto, el estado colectivista, a través del MTPE, señala que los costos del trabajo deben sumar tanto, es evidente que se ha despojado a las empresas de la evaluación de la productividad. Si los costos se elevan al margen de la productividad, las empresas tienen dos posibilidades para sobrevivir: o se refugian en la informalidad o quiebran. Se trata de leyes parecidas a las de la física.
Por estas consideraciones, sostenemos que en el MTPE se pretende estatizar el empleo en general. Es decir, eliminar las posibilidades y el potencial de las empresas para empujarlas a la quiebra, a la ralentización del crecimiento y generar una crisis en el empleo, para justificar sus iniciativas estatizadoras ante la población.
La ministra Betssy Chávez, parece embarcada en este objetivo, sobre todo luego de haber ratificado la “Agenda 19” del ex ministro Iver Maraví, un programa de reformas laborales que busca convertir el mundo laboral peruano en un universo de sindicatos. Una verdadera locura fundamentalista comunista, en una sociedad en donde el 85% del empleo laboral es informal y en donde el 80% del empleo es provisto por las pymes de los mercados emergentes.