CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD
El extitular del MEF cuestionó el Decreto de Urgencia 003-2026 con el que el gobierno le da un respiro financiero de US$ 2.000 millones a la petrolera estatal.
El exministro de Economía y Finanzas David Tuesta cuestionó el Decreto de Urgencia 003-2026 publicado por el Gobierno peruano y advirtió que la norma representa un “peligroso salvataje encubierto” a Petroperú mediante compromisos contingentes de hasta US$ 2.000 millones adicionales.
Tuesta calificó como “escandalosa” la medida aprobada por el Ejecutivo y sostuvo que, aunque formalmente los compromisos serán asumidos por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el riesgo financiero terminará recayendo sobre el Tesoro Público y, en consecuencia, sobre todos los peruanos.
“El Gobierno acaba de abrir la puerta para asumir hasta US$ 2.000 millones adicionales en compromisos contingentes para sostener a Petroperú, más costos financieros”, señaló.
“Petroperú tiene pérdidas estructurales”
El ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas afirmó que el propio decreto reconoce la delicada situación financiera de Petroperú, incluyendo pérdidas estructurales, deterioro patrimonial, problemas severos de liquidez y restricciones para acceder a financiamiento privado.
“Es decir, el Estado está asumiendo riesgos enormes sobre una empresa cuya solvencia ya está seriamente cuestionada”, sostuvo.
Según Tuesta, el uso de fideicomisos y vehículos especiales busca presentar el esquema financiero como un mecanismo “no soberano”, aunque advirtió que los mercados y las clasificadoras de riesgo interpretarían estas operaciones como garantías implícitas del Estado peruano.
“Todo esto ocurre además en un contexto de deterioro fiscal, aumento de deuda y múltiples leyes de gasto aprobadas recientemente”, manifestó.
Riesgo fiscal y presión sobre el presupuesto público
El economista alertó además que el salvataje a Petroperú podría incrementar el riesgo fiscal del país, elevar el costo de financiamiento soberano y afectar la credibilidad macroeconómica del Perú.
“El argumento de seguridad energética termina siendo la excusa perfecta para profundizar el vínculo entre Petroperú y el soberano”, indicó.
Tuesta también llamó la atención sobre un punto que calificó como “muy delicado” dentro del decreto de urgencia: la necesidad de precisar expresamente que los compromisos asumidos para Petroperú no afectarán los fondos destinados a electrificación rural.
A su juicio, ello revela que dentro del propio Gobierno existía preocupación respecto a una posible competencia por recursos fiscales.
Electrificación rural y gasto social
El exministro recordó que gran parte de los programas de inclusión eléctrica y subsidios energéticos en el país se financian directa o indirectamente mediante cargos incluidos en los recibos de luz que pagan hogares y empresas.
“Mientras millones de peruanos financian subsidios y electrificación para poblaciones vulnerables, el Estado está dispuesto a asumir hasta US$ 2.000 millones adicionales de riesgo contingente para sostener a Petroperú”, expresó.
Aunque el decreto señala que los recursos para electrificación rural no serán afectados, Tuesta sostuvo que el problema de fondo persiste debido a la naturaleza fungible del presupuesto público.
“Si el Estado asume más riesgos, más deuda o mayores obligaciones potenciales por un lado, inevitablemente reduce espacio fiscal para otras prioridades presentes o futuras”, afirmó.
El economista explicó que ello podría generar:
Finalmente, David Tuesta advirtió que el ciudadano peruano terminaría asumiendo el costo del rescate tanto como usuario del sistema eléctrico como contribuyente. “En un país donde todavía hay enormes brechas de electrificación, agua, salud y educación rural, el Estado termina priorizando la estabilización financiera de una empresa pública con pérdidas estructurales y patrimonio erosionado”, concluyó.
David Tuesta
Presidente del Consejo Privado de Competitividad
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