Entre los años 2007 y 2014, la inversión en infraestructura en el Perú́ se incrementó en 20 % promedio anual, mientras que entre el 2014 y 2017, la misma se redujo en 10 % al año. Es necesario retomar la tendencia creciente de la inversión, de lo contrario seguiremos generando sobrecostos, como consecuencia de la falta de infraestructura y servicios públicos de calidad, en desmedro de la productividad y del desarrollo del país. En ese sentido, el Gobierno viene tomando acciones para revertir esta situación. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está elaborando el Plan Nacional de Infraestructura (Plan) que deberá ser publicado en julio de este año. En el marco de este esfuerzo, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) ha participado en las mesas de trabajo organizadas por el MEF para la elaboración del Plan, en las que hemos contribuido con diversas propuestas[1].
En primer lugar, hemos planteado que el Plan deberá ser desarrollado con enfoque territorial que permita una gestión eficiente, declarando de interés nacional a todos los proyectos incluidos en el mismo otorgándoles como consecuencia las siguientes prerrogativas para su implementación: (i) prioridad sobre otras intervenciones de cualquier nivel de gobierno incluyendo acciones que puedan ocasionar el retraso en su ejecución, (ii) equipo especializado en las instancias encargadas de la evaluación ambiental, (iii) equipo especializado para el registro de propiedad, (iv) eliminación de la solicitud de licencia de edificación a las municipalidades, lo que no exime del control ex post, (v) disposición de predios de todos los niveles de gobierno de manera inmediata y a título gratuito para la ejecución de los proyectos, y (vi) soporte en la gestión y acción supletoria por parte de los Gobiernos Regionales y el Gobierno Nacional en caso las unidades ejecutoras incumplan los plazos de ejecución de los proyectos declarados de interés nacional.
En segundo lugar, para la fase de otorgamiento de la buena pro se deben desarrollar bases y contratos estandarizados tanto para las licitaciones públicas como para las Asociaciones Público – Privadas (APP). En particular, para el caso de las licitaciones proponemos ampliar la responsabilidad técnica de la empresa de ingeniería que elabora los expedientes técnicos hasta la firma del contrato de obra. De esta forma la empresa de ingeniería estará a cargo de la actualización de los estudios y de la respuesta a todas las observaciones durante el proceso de selección. Con esto se reducirá significativamente el tiempo en la etapa de absolución de observaciones, la cual es la que genera la mayor desviación con respecto a los plazos programados en el otorgamiento de la buena pro. Por su parte, para el caso de las APP proponemos cambiar el modelo de formulación y evaluación, el cual deberá considerar los niveles de servicios y productividad que se deseen alcanzar y que deberán estar alineados con estándares internacionales.
En tercer lugar, para la etapa de ejecución nuestras propuestas relacionadas con la agilización de procesos para la adquisición de predios son: (i) estandarizar los expedientes de tasación de terrenos, (ii) desarrollar una base única catastral, y (iii) facultar a los Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales para que puedan encargarse directamente de las tasaciones necesarias para la ejecución de proyectos. Asimismo, se debe permitir que la ejecución de las obras se inicie con terrenos disponibles, sin necesidad de que estos se encuentren saneados. De este modo, se evitarán retrasos como el caso de las obras correspondientes a la Autopista del Norte (Red Vial 4) que conecta Pativilca (norte de Lima) con Trujillo las que se encuentran paralizadas desde julio del 2016 por falta de entrega de terrenos al concesionario.
Finalmente, proponemos desarrollar a nivel sectorial, una base de datos que incluya, entre otros, el tipo de intervención, los niveles de servicios, los valores referenciales y los valores ejecutados, los tiempos de ejecución, y las cláusulas contractuales relevantes (incluidas en el contrato, adendas, laudos arbitrales, etc.), la que servirá para mejorar los estudios de preinversión y de ingeniería, y la formulación de bases y de contratos de los proyectos a ejecutarse.
Estas y otras propuestas, contenidas en nuestro Informe de Competitividad 2019 tienen como objetivo lograr predictibilidad para los inversionistas, contar con proyectos que satisfagan de forma integral las necesidades territoriales, y ejecutar de manera eficiente y oportuna. De este modo, se logrará que los peruanos reciban los beneficios de contar con una infraestructura de calidad, la que genera mayor productividad y por lo tanto crecimiento económico y desarrollo social.