El camino hacia un Perú más productivo se tornó cuesta arriba desde hace una década. Si bien crecimos y mejoramos nuestros indicadores sociales hasta antes de la llegada del Covid-19, cada vez lo hacíamos con menor dinamismo. Esta pérdida de tracción evidenció una pérdida de productividad, que se tradujo en una menor competitividad global y en beneficios económicos por debajo de las expectativas ciudadanas.
La coyuntura demanda la puesta en marcha de medidas potentes a corto plazo, enfocadas en aliviar sustancialmente la difícil situación de millones de familias que quedaron expuestas al desempleo, la informalidad y la pobreza. Sin embargo, para que la población reciba un bienestar que persista en el tiempo, el siguiente gobierno deberá retomar las reformas estructurales postergadas.
El Informe de Competitividad 2021, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad, plantea una hoja de ruta basada en nueve ejes de acción concretos. Entre los más evidentes están la inversión en infraestructura y las mejoras en nuestra capacidad logística, mediante la remoción de las trabas que la limitan, muchas de ellas de carácter burocrático y de sobrerregulación.
No hay duda del impacto de estas acciones, pues la inversión en infraestructura generaría mayor crecimiento y empleo en un momento en el que millones de puestos de trabajo se perdieron. Se estima que US$1,000 millones de inversión en proyectos de infraestructura durante cinco años puede generar un aumento del crecimiento anual de casi medio punto porcentual y 35 mil empleos directos, que podrían llegar a casi 120 mil si se consideran los empleos indirectos e inducidos.
Necesitamos reformar el mercado laboral y, por supuesto, potenciar nuestro capital humano, y nuestras capacidades en ciencia y tecnología. Hoy, los países con mayor rigidez en sus mercados laborales, con bajos niveles de capital humano y escasa interacción con las tecnologías, son los que más problemas de desempleo tienen. Así, es vital enfocarse en estrategias transversales que impulsen una rápida recuperación de la contratación mientras se cierran las brechas educativas y tecnológicas.
No obstante, los grandes retos están en apuntalar el crecimiento a largo plazo con una política educativa moderna, y la mejora de nuestras perspectivas en ciencia y tecnología. En esa línea, necesitamos trabajar la elevada rigidez laboral que agobia al país bajo un marco de consenso social. La participación del empleo formal será difícil, sino imposible de incrementar, si los costos de contratación continúan cerca al 70%. Si dichos costos no se sinceran, se seguirá promoviendo un sueño utópico de empleo formal que casi nadie alcanzará.
La búsqueda de una mejora en la productividad implica cierto nivel de certeza en la inversión privada, que solo puede lograrse con la presencia de un Estado que preserve las reglas de juego y promueva la efectividad en sus funciones. Lo último viene atado a las serias deficiencias en sus políticas de ejecución presupuestaria. Esto, al final, redunda en gastos reducidos en sectores que son elementales para una mejora en la productividad, como la salud y la educación, donde nuestro país está en la cola, entre los países que comparten igual o menor calificación de riesgo crediticio.
El Perú acumula un pesado pasivo de reformas pendientes, cuya urgencia de atención se aceleró con la pandemia y el deterioro profundo del contexto político que vivimos. Es necesario retomar el camino. Tenemos una cita inaplazable con la historia, que demanda un diálogo económico, político y social que nos dirija hacia una agenda básica de transformaciones, independientemente de quién sea elegido el próximo 6 de junio.
Sobre el autor
David Tuesta es presidente del Consejo Privado de Competitividad. Ha sido ministro de Economía y Finanzas, director de Asuntos Estratégicos del CAF y economista jefe de Inclusión Financiera del BBVA. Es economista de la PUCP, master en Asuntos Públicos de University of Minnesota y doctor en Economía de la PUCP.