Martes 27 de Febrero del 2024

Hay dos regiones del país con los niveles más bajos de gestión pública y mayor conflictividad social

Publicado en Diario Gestión

La gestión pública no es un concepto gaseoso. El Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2023, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y compartido con Gestión, busca medir el desempeño de 17 indicadores en cuatro pilares claves: Conectividad y Acceso a Servicios, Salud, Educación e Instituciones, para conocer cómo avanza -o no- la gestión pública en 25 regiones del país (incluye a Lima Metropolitana y Lima provincias).

Se observa que, nueve de las 10 regiones con el puntaje más alto corresponden a regiones costeras (Lima, Tacna, Arequipa, Moquegua, Ica, Lambayeque, La Libertad, Lima provincias, Tumbes), siendo Lima la que lidera este indicador y que además mejora respecto al IRGP anterior.

Al otro lado de la tabla, o “la otra cara da la moneda”, muestra a Loreto y Puno con los peores puntajes: solo 0.40 y 0.39, respectivamente. Si bien ambas regiones registran mejoras respecto al índice anterior, lo cierto es que quedan rezagadas comparadas con otras regiones.

Pasos hacia adelante y hacia atrás

El análisis del IRGP 2023 según pilares evidencia mejoras en varias regiones sobre todo en los pilares de Educación e Instituciones.

En el pilar de Educación, todas las regiones, a excepción de Junín, Pasco y Huancavelica, que tuvieron menores puntajes respecto al IRGP anterior, mostraron mejoras en sus gestiones. Esto se debe principalmente al aumento en el porcentaje de locales públicos con todas sus aulas en buen estado respecto a los resultados del IRGP 2022.

En el pilar de Instituciones, 19 regiones mejoraron sus puntajes en comparación al IRGP del 2022, debido principalmente a la reducción de la criminalidad, la cual se mide a partir del porcentaje de la población de 15 y más años víctima de algún hecho delictivo.

En contraste, en los pilares de Salud y Conectividad y Acceso a Servicios, 18 y 14 regiones, respectivamente, tuvieron un menor desempeño. De un lado, en el pilar de Salud, ello se vincula con el incremento en 18 regiones de la proporción de niños de 6 a 36 meses de edad con anemia, así como con la reducción, en 16 regiones, del porcentaje de niños con vacunas completas para su edad (menores de 36 meses).

De otro lado, en el pilar de Conectividad y Acceso a Servicios, el deterioro en el 2022 se debió al menor porcentaje de la población que consume agua con nivel de cloro adecuado y la menor cobertura de agua mediante la red pública en 18 y 16 regiones, respectivamente.

En el caso particular de Loreto y Puno, mejoraron su puntaje.

“Los resultados obtenidos a partir del IRGP 2023 demuestran que una deficiente gestión pública incrementaría la probabilidad de ocurrencia de conflictos sociales en el país”, detecta Pedro Herrera, economista jefe del CPC.

Conflictos sociales y gestión pública

Si se correlaciona el resultado del IRGP 2023 con el total de conflictos sociales a mayo del 2023 se encuentra una relación negativa (coeficiente de correlación de -0.47). Es decir, que las regiones con menores niveles de servicios en aspectos relacionados a Conectividad y Acceso a Servicios, Salud, Educación e Instituciones se asocian con un mayor nivel de conflictividad social.

Loreto y Puno, las dos regiones con el menor puntaje IRGP 2023 (0.40 y 0.39, respectivamente) concentran el 19% de los conflictos sociales a mayo de 2023 (29 y 13, respectivamente).

“Los resultados del IRGP 2023 muestran la urgencia de mejorar la gestión pública para procurar el cierre progresivo de brechas a los servicios públicos esenciales”, comenta Herrera.

Desde el CPC consideran que una de las medidas a promover en este sentido corresponde al establecimiento de mecanismos especiales de contratación de funcionarios al Servicio Civil para acelerar la ejecución de inversión pública en el país, que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha incluido en el plan “Con Punche Perú”, y a partir del cual durante el 2023 dotará a los gobiernos regionales y gobiernos locales de servidores públicos de alto rendimiento que cumplan con perfiles de puestos idóneos y alcancen metas de cumplimiento.

“Sin embargo, tal como se señala en el recientemente publicado Informe de Competitividad 2023-2024, resulta indispensable que esta medida trascienda la temporalidad anual y se convierta en una política pública para mejorar la entrega de servicios a la ciudadanía y procurar el cierre de brechas de manera sostenible en el país”, remarca.

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