CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD
Inseguridad ciudadana en Ica
En Ica, la inseguridad ciudadana y la criminalidad se está desbordando. En los últimos seis años, la tasa de delincuencia de la región se ha incrementado en 59% (+60 mil víctimas), pasando de 102 mil víctimas en 2019 a 163 mil en 2024. Así, más de la cuarta parte de la población urbana de 15 años o más ha sido víctima de algún hecho delictivo, ya sea un robo, intento de robo, estafa, amenazas, secuestro o extorsión.
Este deterioro no se ha detenido en 2025. A agosto del presente año, se han perpetrado 60 homicidios en la región, una cifra que supera en 173% los casos reportados en 2019. La provincia de Ica es la más afectada, ya que no solo concentra la tercera parte de los casos, sino que ha experimentado el mayor incremento desde 2019, con 567% casos adicionales. Le siguen las provincias de Chincha y Pisco con incrementos de 180% y 143% respectivamente.
Sin embargo, los homicidios no son el único delito en expansión: las extorsiones también van en aumento. En lo que va del año, se han presentado 523 denuncias por extorsión, un incremento del 29% comparadas con año previo, y 571% más comparándolo con cifras del 2019. Cabe precisar que esta cifra todavía podría ser mayor, ya que se estima que menos del 20% de las víctimas de algún delito presenta finalmente una denuncia.
Homicidios y denuncias por extorsión, (enero-agosto) 2019-2025
Fuente SIDPOL. Elaboración: CPC
Respuesta del Gobierno
La respuesta del Gobierno ha sido ineficaz. Aunque el gasto en orden interno creció en S/45 millones —de S/165 millones en 2019 a S/211 millones en 2024—, el número de efectivos policiales por cada 100.000 habitantes se redujo de 321 a 317 en el mismo periodo. Además, el 57% de las comisarías de Ica opera en condiciones inadecuadas y el equipamiento es precario: ninguna dispone de dispositivos GPS, solo el 17% cuenta con una radio portátil y apenas una de cada tres camionetas y motocicletas está en funcionamiento.
A esto se suman las graves deficiencias en la infraestructura penitenciaria. En junio de 2025, el INPE reportó que los penales de Ica albergan casi tres veces más internos de su capacidad instalada, con una sobrepoblación de más de 5.700 reos. Este nivel de ocupación refleja un severo hacinamiento penitenciario, que limita la vigilancia y facilita el ingreso de armas y celulares que alimentan redes criminales. Pese a ello, la construcción del “Megapenal de Ica” —proyectado para albergar a más de 3.000 reos y aliviar la sobrecarga existente— permanece paralizada y en abandono desde el año 2020.
Propuestas de política pública
Frente a esta situación, el Consejo Privado de Competitividad plantea dos medidas clave. Primero, reducir los altos costos de ingreso a la carrera policial —S/16.000 para hombres y S/17.000 para mujeres— que desincentiva el ingreso de nuevos efectivos policiales y limitan la capacidad de respuesta frente al crimen organizado. Segundo, impulsar una estrategia integral de fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria, que combine soluciones inmediatas y estructurales.
En el corto plazo, se propone la implementación de cárceles modulares para reos primarios, una alternativa que permite aliviar con rapidez el hacinamiento, optimizar el presupuesto público y responder de manera flexible a la creciente demanda de espacios. En países como Chile, estas instalaciones han demostrado reducir significativamente los tiempos de construcción y mejorar la gestión del espacio.
A mediano y largo plazo, el desarrollo de infraestructura penitenciaria a gran escala mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) se presenta como la vía más sostenible, pues en México, Chile y Estados Unidos ha ampliado la oferta penitenciaria bajo estándares de costo-eficiencia, calidad y sostenibilidad.
Por Fabiola Brigida Yauri Quispe
Economista en el Consejo Privado de Competitividad
La nota en el diario La Opinión: Ica sitiada por el crimen: homicidios y extorsiones en alza