Aníbal “el renegón” Torres ofreció en el Congreso que en el 2022 superaría el monto de la inversión pública del 2021, sin embargo, esta viene en picada por cinco meses consecutivos: octubre -8%, noviembre -17%, diciembre -8%, enero-19% y febrero -20%, con el agravante que la inversión privada crecerá 0% (BCR).
Pese a que los ingresos tributarios vienen creciendo en los meses de enero y febrero (14.5%), en este mismo plazo apenas se han iniciado 554 proyectos (20%) de los 2,823 que se encuentran en manos de los ministerios. Para muestra un botón: el doctor en Educación, Rosendo Serna, de Juntos por el Perú (JPP) -la crema y nata de la izquierda criolla- que tiene el reto del reinicio de las clases presenciales, en el 93% de las obras a su cargo no ha puesto un clavo, según el portal Transparencia Económica del MEF. Apenas ha iniciado obra en 36 colegios (7%) en todo el país.
Ni qué decir de Hernán Condori, que al parecer anda amorcillado en el Ministerio de Salud ya que solo ha iniciado obras en el 15% de proyectos. Y Nicolás Bustamante, el secretario de su inefable antecesor Juan Silva, es otro de los ministros de la inacción. Pese a que este sector es el motor de la inversión pública, apenas ha movido los expedientes en la quinta parte de obras programadas en su sector (22%). Anda aletargado, contemplando “la arranchada de obras”, entre los “lagartos soplones piuranos” versus el “chifa de la Construcción”.
Una iniciativa importante del gabinete Torres que se debería concretar de inmediato: “un proyecto de ley para reactivar 1,337 obras paralizadas que representan S/ 8,897 millones”. El monto es mayor (2,400 obras por S/22,500 millones), pero por algo se empieza. Este fenómeno de obras abandonadas se gesta con cada elección de nuevas autoridades, porque el nuevo gobernador, o alcalde elegido, generalmente se “alucina Adán” y no quiere continuar la obra iniciada por su antecesor. Una irresponsabilidad y despilfarro de recursos públicos.
Para remate, Yuliño Anastacio de Infox no sólo nos recuerda que un tercio de la inversión regional y local no termina ejecutándose, sino que cada cuatro años -como sucederá este 2022- con ocasión de las elecciones regionales y municipales: a los gobernadores y alcaldes elegidos les toma alrededor de seis meses y en el peor de los casos un año recuperar la capacidad de gasto del ejercicio anterior.
Y ello plantea una interrogante que estuvo ausente en el mensaje del premier chotano: “¿qué hará para que la inversión pública subnacional no se desplome en el 2023 tal como sucedió en las cuatro últimas elecciones?” (27/2/22).
Asimismo, el Consejo Peruano de la Competitividad (CPC) de IPAE señala que para otorgar una buena pro en regiones y municipalidades el proyecto tarda en madurar 77 meses (6.5 años). Daniela Leguía del CPC recomienda fomentar el uso del proceso especial de contratación con el que opera la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARC), porque cuenta con una etapa previa de expresión de interés, donde las empresas realizan como única instancia consultas al expediente, lo que reduce las demoras de la fase de absolución de consultas, lo que reduciría en 60% el plazo versus la licitación pública, además sugiere habilitar una entidad como la ARC, que con recursos no utilizados del canon y regalías ejecute proyectos de impacto regional.