Jueves 20 de Junio del 2024

IPE: Brecha de infraestructura aérea ascendería a US$1.300 millones

Publicado en Diario El Comercio, por el Instituto Peruano de Economía

Esta cifra es necesaria para alcanzar los niveles de tráfico de pasajeros de un país promedio de la OCDE, según el BID. Inversión privada en aeropuertos acumula un total de US$584 millones desde el 2002.

Uno de los principales retos de la conectividad del país está vinculado a la infraestructura para el transporte aéreo. A pesar de sus avances en las últimas décadas, la capacidad y calidad de los servicios aeroportuarios en el Perú todavía registra brechas significativas frente a otras economías de la región, las cuales se tornan más evidentes en situaciones de emergencia como la de la semana pasada en el aeropuerto internacional Jorge Chávez (AIJCH). Mejorar la competitividad del transporte aéreo requiere de reformas que reduzcan la multiplicidad de actores públicos en la aprobación y evaluación de proyectos, así como de medidas que fortalezcan la institucionalidad del sector, lejos de inadecuadas designaciones y una alta rotación de funcionarios.

Mayor inversión

Durante las últimas dos décadas, la infraestructura para el transporte aéreo en el Perú se modernizó a partir de una mayor participación del sector privado. Según información del Ositrán, hasta octubre del 2022, la inversión privada en aeropuertos acumuló un total de US$584 millones desde el 2002. En una etapa inicial, estas inversiones estuvieron concentradas en el AIJCH, y posteriormente en las concesiones de un conjunto de aeropuertos ubicados en 17 regiones del norte, centro y sur del país.

De acuerdo con Evans Avendaño, gerente general de Aeropuertos del Perú, el mejoramiento de pistas y cercos perimétricos, la adquisición de equipamiento aeroportuario, así como la contratación de personal de control y emergencias, fueron claves para garantizar las condiciones mínimas de seguridad que requieren las aerolíneas para operar nuevas rutas comerciales. Ello ha permitido dinamizar la conectividad aérea al interior del país a un ritmo sin precedentes. Solo en la concesión del Primer Grupo de Aeropuertos Regionales, por ejemplo, el tráfico de pasajeros nacionales e internacionales se incrementó en 5,4 veces, de 1,2 millones en el 2007 a casi 6,5 millones en el 2019.

Brechas pendientes

Con el acelerado crecimiento del movimiento de pasajeros aéreos, la capacidad de los aeropuertos del Perú ha sido sobrepasada. Para Martín La Rosa, gerente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la situación por la que atraviesa el AIJCH ilustra esta problemática: cuenta con una capacidad instalada para el tránsito de alrededor de 13 millones de pasajeros al año, según los niveles exigidos por su contrato de concesión; sin embargo, previo a la pandemia llegó a un pico de tráfico que superó los 25 millones anuales.

La saturación de la infraestructura aérea ocasiona altos índices de incumplimiento de los niveles mínimos de servicio que se requieren para un aeropuerto de esta categoría. Por ejemplo, en el 2021, el AIJCH cumplió con requisitos técnicos mínimos en tan solo el 21% de indicadores evaluados por Ositrán (cinco de 24), la cifra más baja entre los principales aeropuertos concesionados.

Esta figura se replica al interior del país. En Trujillo, Chiclayo, Tumbes y Cajamarca, el cumplimiento de los niveles mínimos de servicio se ubica por debajo del 50%. Pese a ello, los proyectos de mejoramiento y ampliación de los aeropuertos de Piura y Trujillo, que formaban parte del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el 2019, han dejado de ser priorizados en la actualización del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC), publicado en octubre pasado.

Cabe señalar que, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la brecha de infraestructura aérea que aún se debe cubrir en el Perú para alcanzar los niveles de tráfico de pasajeros de un país promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ascendería a casi US$1.300 millones.

Cuellos de botella

Para atender las brechas de capacidad y calidad de los aeropuertos, el PNISC cuenta con una cartera de inversiones de unos S/9.500 millones. Pese a ello, Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), señala que el ritmo con el que se han venido ejecutando estos proyectos resulta insuficiente. Gutiérrez indica que las demoras en la aprobación de estudios, la entrega de predios, así como la ausencia de espacios de articulación con los órganos más relevantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), limitan el avance de las inversiones aeroportuarias.

En esa línea, Pedro Herrera, economista jefe del Consejo Privado de Competitividad (CPC), plantea la necesidad de contar con un marco normativo integral que regule la promoción de la inversión privada en infraestructura mediante asociaciones público-privadas (APP), y delimite la participación de los distintos actores públicos en sus fases. Herrera recuerda que la ampliación en la capacidad aeroportuaria requiere de otros proyectos que mejoren la accesibilidad a los mismos.

La problemática institucional del sector se observa también en el Índice de Competitividad de Transporte Aéreo, publicado recientemente por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA). En este indicador, el Perú registra uno de sus mayores rezagos frente a otros países de la región en el componente vinculado a la gobernanza de las autoridades aeronáuticas, debido a una menor independencia, el bajo alcance de sus acciones prioritarias y la limitada rendición de cuentas.

Para Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN), estos cuellos de botella serán difíciles de resolver mientras se mantenga la alta rotación de funcionarios en el sector. La duración del ministro de Transportes y Comunicaciones se ha reducido de un promedio de 14 meses en las últimas dos décadas a solo tres meses durante la gestión actual.

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