“Apurímac es una caso que nos permite ver como la inversión minera puede incrementar rápidamente el bienestar de su población. Basta constatar, por ejemplo, que el incremento del PBI apurimeño entre el 2022 y 2009 más que se duplicó”, escribe el presidente del Consejo Privado de Competitividad.
Se ha comentado de manera extensa la importancia que ha tenido la inversión minera en el desarrollo del Perú: su aporte de más de 10% en el PBI; más de 200 mil empleos directos; 1,5 millones de empleos indirectos; y, más de 4 millones de empleos inducidos. Estas cifras que se describen de manera agregada, y que son ya importantes, se hacen gigantescas cuando nos focalizamos en la transformación de geografías específicas, como en la Región Apurímac.
Apurímac es una caso que nos permite ver como la inversión minera puede incrementar rápidamente el bienestar de su población. Basta constatar, por ejemplo, que el incremento del PBI apurimeño entre el 2022 y 2009 más que se duplicó. Este resultado productivo ha traído como consecuencia un efecto innegable: la reducción acelerada de la pobreza de la zona. En efecto, en ese mismo lapso, la tasa de pobreza de la región se redujo con rapidez, desde niveles cercanos al 80% al 30%. Aislando el efecto exclusivo de la inversión minera mediante técnicas econométricas, uno encuentra que más del 60% de la reducción en pobreza se debe a la apertura a la minería en esta región de la sierra sur del país.
Lamentablemente, hay al menos dos aspectos que deben superarse en la Región Apurímac. El primero, está relacionado a la gestión gubernamental. De hecho, el Consejo Privado de Competitividad-CPC, a través de su Índice de Gestión Regional, nos permite observar que, si bien ha habido una mejora en la gestión desde el año 2016 a la fecha de más de 9 puntos, en el último período se ha dado un retroceso en el ranking respecto a otras regiones, cayendo desde el puesto 10 al puesto 11 del total de 25 regiones. Uno de los temas altamente mejorables en este ámbito es el de la ejecución presupuestal para proyectos, que se encuentra en torno al 70% con el fin de atender importantes brechas sociales.
El segundo reto que reviste enorme preocupación es el de los actos de violencia que no logran ser solucionados por el Estado y que vienen siendo impulsados por actores oportunistas que utilizan la ideología como pretexto. Inquieta en particular el arrinconamiento que viene sufriendo su principal empresa inversionista, Las Bambas, a vista y paciencia de las autoridades lo que trae un golpe directo en el progreso de los apurimeños. Basta observar que, desde el inicio de sus operaciones, la empresa ha sufrido 559 días de bloqueos o restricciones. Esto ha llevado a que la empresa tenga una producción estimada de 240 mil toneladas de cobre en 2022 que representaría una caída de 47% con respecto a la producción de 2017. Esto sin duda impactará los balances contables de la empresa con consecuencias directas sobre los recursos del canon minero para la población de la región. Cabe señalar que desde 2016 la región Apurímac a octubre de 2022 ha recibido más de S/ 1,687 millones por concepto de regalías contractuales de Las Bambas y que en 2021 la empresa generó por primera vez utilidades, por lo que, en 2022, Apurímac recibió S/ 315 millones por Canon Minero de esta empresa.
Es absolutamente surrealista apreciar que la empresa tiene 242 mil toneladas de concentrado en mina que no puede transportar como consecuencia de los actos vandálicos a los que se enfrenta recurrentemente. Así, un hecho, que debiera poner en alerta al Estado es el hecho que para el periodo 2024 – 2025, el mineral proveniente de uno de los tajos del complejo minero, Chalcobamba, representa más del 40% del total de producción de cobre, pero, sin embargo, se encuentra invadido desde el 14 de abril de 2022. Esta explotación es imprescindible para nivelar la producción a 400 mil toneladas de cobre en concentrado y con ello beneficiar a todo Apurímac.
Uno de los principales retos que tiene el gobierno de transición de Dina Boluarte será dar solución a esta situación que afecta directamente al bienestar de la Región Apurímac, y en particular a una empresa cuya producción representa un punto porcentual del PBI nacional y el 78% de la producción de Apurímac. Hay 75 mil familias que dependen de los puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos generados por Las Bambas, así como pequeños y medianos emprendedores de Apurímac y Cusco que conforman la cadena de valor. Cada día de paralización de esta empresa supone para Apurímac una pérdida de S/ 3,2 millones por regalías y canon minero y el Estado peruano deja de recaudar S/ 5,2 millones diarios y deja de exportarse US$ 9,5 millones. El gobierno debe ser consciente de que el futuro del bienestar de toda una región, y del país, está realmente en juego.