L a nueva cuarentena por la segunda ola de la pandemia del covid-19, iniciada por 15 días, marca tempranamente un golpe en las expectativas recién comenzado el año. Las probabilidades de que se cumplan las proyecciones de crecimiento económico también se afectan, alejándose la posibilidad de alcanzar una tasa de dos dígitos. Ya antes de la cuarentena el Banco Mundial estimaba una expansión de 7.6% del PBI. En todo caso, si se logra la contención de los contagios en el país y se da inicio a la vacunación pueden significar que el optimismo no se diluya, pese a las elecciones generales de abril.
Es por eso que resulta vital no descuidar la agenda que tendrá que asumir el próximo Gobierno en el área sanitaria, social, económica y, por cierto, también en las reformas políticas e institucionales. En la medida en que se acerque el 11 de abril se espera que se revierta en parte el actual desinterés por los comicios. El confinamiento en Lima y nueve regiones hace una pausa en la alicaída campaña. El debate todavía está frío, mientras se van descubriendo hechos cuestionables en las hojas de vida de varios candidatos en las diversas listas al Congreso.
Aun así, poco a poco se van conociendo diversos aspectos de los planes de gobiernos, algunos con propuestas que en el pasado no han sido exitosas y otros con planteamientos que despiertan interés. Un punto crucial, ausente todavía en el debate, es la reforma en la gestión del Estado. No es suficiente reunir a profesionales destacados, si no hay cierta experiencia en el manejo de la cosa pública. En los últimos años ha sido moneda común cuestionar por qué no se ejecutan los recursos pese a estar disponibles.
“Las agrupaciones políticas deben tener muy presente que la impaciencia por resultados en el corto plazo marcará buena parte de las exigencias de la siguiente administración”.
La semana pasada se presentó el Informe de Competitividad 2021 del Consejo Privado de Competitividad (CPC), que además de evaluar lo que ocurrió en el 2020, realiza un seguimiento a las propuestas de política pública en diversos sectores a cargo de más 90 profesionales en nueve áreas e incluso se añaden nuevas.
Un esfuerzo que puede servir como insumo –con las críticas que puedan darse– para el debate electoral y al próximo Gobierno. No es el único esfuerzo. Desde el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) también se promueve el debate de propuestas para un mejor gobierno con hojas de ruta con horizontes de 100 días, un año y cinco años. Además diversos think thank y universidades organizan webinar con la participación de las agrupaciones políticas que compiten en las elecciones, a lo que pronto se sumará Gestión.
Enfrentar la pandemia sigue como el primer punto de la agenda, pero eso no puede significar dejar de lado el debate electoral de las propuestas. El reto es mayor, pues las demandas de la población en el corto plazo son como salir de la pandemia sin continuar perforando su situación económica. Las agrupaciones políticas y los profesionales que los acompañan deben tener muy presente que la impaciencia por resultados en el corto plazo marcará buena parte de las exigencias de la siguiente administración, ya que los próximos cinco años, en la práctica, serán la reconstrucción del país. Proceso que por cierto no puede significar volver totalmente a lo que era el país antes del inicio de la pandemia.
Que la experiencia fallida de la reconstrucción del norte tras El Niño costero del 2017, que hoy se intenta retomar, sirva para no cometer los mismos errores. La tarea es grande, por eso no se puede descuidar ningún punto de la agenda del país.