Los proyectos de infraestructura seguirán avanzando a paso lento durante el próximo año. Las medidas desplegadas por el plan Impuso Perú para incentivar la inversión serán insuficientes de cara a la aceleración de las adjudicaciones de proyectos.“Si bien este es un paso importante, no es suficiente. Con las últimas modificaciones normativas, se espera que el ritmo de adjudicaciones se mantenga en niveles similares a los de años anteriores”, señala Pedro Herrera, economista jefe del Consejo Privado de Competitividad (CPC).

Optimismo desmedido

ProInversión proyecta cerrar el 2022 adjudicando más de US$400 millones en seis proyectos de infraestructura y adjudicar, durante el 2023, US$3,000 millones en 13 proyectos. Un salto que, para el consenso de analistas del sector, sería poco probable de cumplir. “Dicho monto depende mucho del Anillo Vial Periférico y de Obras de cabecera, cuyos problemas van más allá del cambio de reglamento. Tiene que haber cambios estructurales y un reordenamiento institucional de las entidades a cargo”, explica Alberto Ñecco, exdirector ejecutivo de ProInversión.

Más allá del optimismo de las cifras proyectadas, todavía no se avizora ninguna modificación sustantiva en la dinámica de la agencia de promoción de la inversión privada. “Hay proyectos que, estando absolutamente listos, se mandan en última versión al concedente y este vuelve a hacer comentarios, retrasando el proceso. ProInversión, que debería ser el líder, ha perdido liderazgo”, advierte Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

La adjudicación vía APP muestra una tendencia decreciente en los últimos años (ver gráfico Evolución de proyectos APP..). Y no hay ninguna evidencia de que el próximo año existan mejores resultados, según Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors.

Lo que podría desencadenar un real cambio de tendencia es que el nuevo gobierno logre recuperar la capacidad de gestión y la decisión política de los ministerios. “En el cronograma hay proyectos que deberían salir, pero para eso es requisito que la coyuntura política mejore y que este nuevo gobierno dé señales al mercado de estabilidad y un horizonte definido”, argumenta Camilo Carrillo, director ejecutivo del área de Infraestructura en EY Perú.

Los únicos proyectos relevantes adjudicados recientemente han sido las líneas de transmisión eléctrica, al tener un menor nivel de complejidad. Pero, incluso en los proyectos más atractivos, hay escasos postores.

Por ejemplo, la semana pasada ProInversión declaró desierta la adjudicación de la línea de transmisión Piura Nueva–Frontera. “Debido a la inestabilidad política, es probable que los proyectos en etapa de estructuración, y con fecha estimada de adjudicación para 2023, dilaten su concesión hasta el 2024”, agrega Herrera del CPC.

OxI con impacto

Los cambios normativos que sí tendrán un impacto importante en el 2023 son los aplicados a las Obras por Impuestos (OxI). Y es que no solo se ampliaron las fuentes de recursos. También se incluyó la posibilidad de usar el mecanismo en operación y mantenimiento e IOARRs (intervenciones sobre activos del Estado).

Si bien esto permitirá que gobiernos regionales y locales que no tenían canon realicen OxI, para que se concrete su uso será indispensable la capacitación a autoridades sobre los beneficios del mecanismo. Así, la continuidad de la recuperación del ritmo de adjudicación de las OxI y el uso más intensivo del mecanimos en el 2023 dependerá de la curva de aprendizaje de las autoridades subnacionales. “Si bien el mercado es cada vez más dinámico y hay más interés de las empresas, debido a que se están logrando las metas de adjudicación, el 2023 será complicado. Cuando asumen nuevas autoridades, hay un bajón”, explica Ñecco.

Como parte de sus medidas, Impulso Perú busca precisamente ampliar el número de distritos que puedan beneficiarse de las OxI. “Se ha demostrado que es más eficiente en todos los aspectos comparado con la obra pública. Mientras podamos extender esta eficiencia del gasto a más entidades, será beneficioso para el país”, añade el exdirector de ProInversión sobre una tendencia que aún podría profundizarse. Ello ya que el Congreso tiene en carpeta un proyecto de ley que amplía los tipos de impuesto contra los que se podrían usar certificados de OxI. Así, ya no se aplicaría solo para el Impuesto a la Renta. “El límite que hoy existe de 50% del impuesto lo pondría al 100%”,

agrega Cárdenas.

Plan Nacional de Infraestructura y G2G

El MEF también planteó un proyecto de ley con medidas extraordinarias; en este caso, para los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura. Lo que busca es, durante 3 años, exceptuarlos de licencias de habilitación urbana y darle facilidades para la liberación de predios e interferencias. “Es lo que había antes mediante decretos de urgencia o decretos legislativos y vencía este año. Lo único que están haciendo es volver a habilitarlos hasta el 2025”, explica Carrillo.

Las medidas, entonces, serían insuficientes para el destrabe y rápida ejecución de los proyectos. “Ejecutar es un tema de gestión, no de dictar normas. No veo indicios que hagan pensar que este nuevo plan tendrá mejor resultado en ejecución”, agrega Cárdenas.

Los especialistas consultados coinciden en que el mecanismo de gobierno a gobierno (G2G) debería tomar mayor protagonismo durante el 2023 y, en paralelo, mejorar el procedimiento de APP para incrementar el ritmo de adjudicaciones. “Mientras no tomemos medidas para fortalecer nuestros equipos públicos y no cambiemos la Ley de Contrataciones, el G2G seguirá siendo la opción para megaproyectos”, asegura Roca de AFIN.

Para ello será necesario que el gobierno establezca qué proyectos serán priorizados. “Por ejemplo, el Gasoducto del Sur y Chavimochic III se pueden terminar mediante un acuerdo G2G. Luego, se concesiona en una APP la operación y mantenimiento”, concluye Cárdenas.