El proyecto de irrigación Majes Siguas II podría enfrentar un nuevo retraso en caso la Contraloría General de la República emita una opinión desfavorable respecto a la adenda 13 del contrato de concesión. Mediante una solicitud de información adicional, la Contraloría le pidió al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) que le entregue la justificación de las «nuevas circunstancias» que motivaron la adenda, lo que implicaría cuestionamientos sobre el cambio de tecnología en el sistema de riego, advierten expertos.
Luego de que venciera el plazo para remitir la información durante la semana pasada, el GRA solicitó una ampliación por diez días hábiles para terminar de recabar los documentos. «El GRA en su calidad de concedente no ha remitido información que ha sido mencionada como sustento de la adenda, la misma que es necesaria a fin que la Contraloría cuente con los elementos que le permitan opinar», señaló el ente de control en un comunicado dirigido a SEMANAeconómica. La Contraloría pide que se sustenten los motivos que impulsarán la modificación de la tecnología del sistema de riego del proyecto, de canal abierto a tuberías. Estos cambios significan una inversión adicional de US$104 millones al contrato de concesión, elevándola así hasta los US$654 millones.
Los tres temas en discusión son «la disminución del volumen de derivación de la Cuenca Apurímac, el cambio climático y las pérdidas de agua por conducción y distribución con el diseño presentado por el concesionario en el momento de la adjudicación», explica la Contraloría. Según el GRA, esta semana se estaría entregando toda la documentación solicitada. «Ya solo queda recabar la información de un tema financiero que tiene que ser concertado con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Proinversión. Creemos que el martes podemos estar entregándolo», señala Augusto Palaco, gerente regional de promoción de la inversión privada del GRA.
A pesar del optimismo, expertos consultados por esta revista señalan que los temas abordados por la Contraloría en esta solicitud se refieren al diseño del proyecto y no específicamente al uso adecuado de recursos públicos, lo que permite inferir futuras observaciones en el informe. «La Contraloría no le está preguntando al GRA cómo va a pagar, sino le está diciendo que no hay suficiente sustento para estos puntos de la adenda, que es distinto. Si la Contraloría considera que esos puntos no están sustentados, va a emitir una opinión negativa», advierte Camilo Carrillo, economista principal del Consejo Privado de Competitividad.
A pesar de que el informe de la Contraloría no es vinculante, una eventual negativa podría retrasar las metas del proyecto, que tiene previsto reiniciar obras antes de fin de año. «A pesar del carácter no vinculante, cuando un funcionario público vaya a tomar la decisión sobre el proyecto el peso de la opinión de Contraloría va a afectar. Esto puede retrasar el proceso de aprobación del proyecto», remarca Juan Carlos Salinas, socio del estudio Muñiz.
Una vez que Contraloría reciba la nueva documentación, tendrá cinco días hábiles para emitir el informe previo. Una opinión favorable bastaría para que el GRA pueda elevar la adenda a votación en su Consejo Regional. SEMANAeconómica pudo conocer que al menos la mitad de los consejeros, pertenecientes al partido de Elmer Cáceres Llica, votarán a favor, mientras que la otra mitad aún no define su voto.