Domingo 14 de Julio del 2024

Majes Siguas II y Chavimochic III: Inversiones agrarias por US$950 millones están paralizadas

Publicado en Diario El Comercio

Los proyectos agrarios llevan casi un lustro sin avanzar. Entre ambos añadirían más de 60 mil hectáreas de cultivos y podrían generar más de 295 mil empleos.

Proyecto Majes

Los proyectos de infraestructura agraria Chavimochic III, ubicado en La Libertad, y Majes Siguas II, en Arequipa, no ven avances en sus obras desde el 2016 y 2017, respectivamente. Hoy, la situación es distinta para ambos, aunque las posibilidades de que sean destrabados en el corto plazo sean pocas.

Las obras de Majes Siguas II iniciaron a construirse en julio del 2015. En diciembre del 2017 quedaron detenidas debido a un entrampamiento en la disponibilidad de las aguas que tendrían a futuro, esto implicó que se evaluara el cambio tecnológico del sistema de riego del proyecto. Desde entonces comenzó la odisea de las autoridades del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midragri), quienes trataron de darle viabilidad a la adenda 13, que implica la colocación de tuberías subterráneas con alcance a todas las parcelas que se comercializarán, elevando la inversión en US$104 millones, llegando así a los US$654 millones en total.

Este año se logró el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de Proinversión, por lo que la adenda iba a elevarse a votación en el Consejo Regional de Arequipa para ser incluida en el proyecto. Sin embargo, días antes de la sesión, el caso ‘Los hijos del cóndor’ salió a la luz. No solo se detuvo al presidente del GRA, Elmer Cáceres Llica, sino a siete consejeros, la mitad del total, quienes darían su visto bueno -o no- a la adenda.

De momento se tiene que dar la recomposición del Consejo. El presidente y los dos consejeros de la Comisión de Agricultura del Consejo están detenidos, por lo que la adenda está en ‘stand by’”, cuenta Harberth Zúñiga, consejero regional de Arequipa.

De esta manera, la votación solo podría realizarse cuando se decida si los siete consejeros detenidos recibirán prisión preventiva por pedido de la Fiscalía. En caso salgan liberados, deberán reincorporarse a sus funciones y seguir el conducto regular. Por otro lado, si se confirma la prisión preventiva deberán de ser convocados los accesitarios, recomponerse las comisiones y a partir de ahí retomar el rumbo. “Llamar a los accesitarios podría tardar hasta un mes. Nosotros queremos destrabar el proyecto, pero va a demorar más de lo previsto”, añade Zúñiga.

Una vez se apruebe la adenda, el contrato de concesión dejará de tener una causal de caducidad, por lo que las obras se retomarían en el futuro cercano. El Comercio pudo conocer que hoy el GRA y Cobra, el concesionario del proyecto, sostendrán una reunión para coordinar la ampliación del plazo, pues este caducó el 30 de octubre. “El gobernador en funciones, Walter Gutiérrez Cuba, solicitó la ampliación del plazo por 60 días″, comenta Zúñiga.

Sin embargo, es probable que se amplíe el plazo hasta que eleve la adenda al Consejo Regional, ya que el destrabe del proyecto ingresó a su etapa final y ellos acompañaron los cuatro años de paralización. “El concesionario ha sido paciente por este proceso larguísimo de cuatro años para que el proyecto se concrete, entonces esperaría que pueda tener un poco de paciencia y que se concrete. Si el proyecto se cae habría que esperar tres o cuatro años más para que se realice una nueva licitación”, explica Juan José Cárdenas, líder de proyectos e infraestructura de EY Law.

Majes Siguas II es un proyecto de irrigación que permitirá ampliar la frontera agrícola de Arequipa con 38.500 hectáreas nuevas para cultivos como paltas, uvas y alcachofas. Actualmente sus obras tienen un avance del 16% y su reinicio podría tener un impacto en el corto plazo de US$460 millones.

Con el proyecto paralizado se dejan de generar casi 145 mil empleos. Además, debido a la paralización, se dejan de inyectar US$460 millones en los próximos 2 o 3 años en la economía peruana. Solo este proyecto puede representar el 10% del PBI arequipeño”, explica Camilo Carrillo, economista principal del Consejo Privado de Competitividad.

Un lustro en silencio

El caso de Chavimochic III es distinto. Este proyecto consiste en la implementación de un sistema de irrigación en la costa de La Libertad, incorporando 30 mil hectáreas de nuevos cultivos. El concesionario principal es Odebrecht con el 73,5% de la participación, mientras que Aenza, exGraña y Montero, tiene el 26,5% restante.

Sus obras se detuvieron en el 2016 cuando el concesionario indicó que el Gobierno Regional de La Libertad habría cometido una negligencia con la entrega de terrenos para la continuidad de los trabajos. Esta controversia se encuentra en arbitraje y la emisión del laudo estaría en su etapa final.

El Proyecto Especial Chavimochic (PECH), adscrito al Gobierno Regional de La Libertad, señaló en octubre pasado que “en el 2016 se llegó a entablar una controversia sobre la liberación de interferencias, donde el concesionario aducía que el concedente era el responsable de esta liberación. [El PECH] en salvaguarda de los intereses del Estado, y no estando expresamente ello regulado en el contrato de concesión, no aceptó a su costo liberar estas interferencias”. Así, la entrega de los terrenos no se podría realizar hasta que se solucionen las controversias.

La presa de Palo Redondo es la primera parte del proyecto. Esta requerirá de una inversión de US$356 millones y tiene un avance del 65%. El resto de las obras tienen un valor de US$360 millones, pero todavía no han comenzado. Estas incluyen el tramo principal del canal madre, así como la automatización de la infraestructura de riego.

La versión del Midagri es que no se pueden reiniciar las obras hasta que se conozca el resultado del laudo arbitral, pero especialistas consultados por El Comercio señalan lo contrario, al menos en el caso de Palo Redondo. “No necesariamente un arbitraje debería significar un detenimiento, pero habría que ver si los terrenos que no se han cumplido con entregar eran necesarios para continuar con las obras. Pero entiendo que en Palo Redondo no debería ser complicado terminar con la represa, porque ya tiene un avance importante”, señaló Alberto Ñecco, exdirector ejecutivo de Proinversión.

Ñecco agregó que durante los últimos meses del gobierno de Francisco Sagasti el Midagri anunció que había contratado un peritaje para calcular si las obras avanzadas se habrían visto afectadas por el pasar de los años. En caso se descubran deterioros, los nuevos gastos de refracción deberían añadirse en el contrato de concesión. “Claramente habría que invertir para poner a punto las obras. Todo eso va a requerir modificaciones al contrato, adendas”, advierte.

Otra solución que se podría dar es que se concrete la venta de la participación de Odebrecht en el proyecto. Según las fuentes consultadas, esto calmaría los temores del Ejecutivo de seguir el proyecto con la constructora brasileña. Sin embargo, y a pesar del interés de la firma por desligarse de Chavimochic, aún no se dan pasos concretos hacia ello. “Ya hace un año y medio que la titularidad del proyecto pasó del Gobierno Regional de La Libertad al Midagri y el Estado todavía no terminó de definir si la obra la iba a terminar con el concesionario actual, si solo podría culminar Palo Redondo, o si iba a cambiar de concesionario o hacer que una nueva empresa tome y termine la construcción. Esa indecisión tiene varios años”, remarca Cárdenas.

El proyecto está valorizado en US$715 millones con otros US$31 millones para su supervisión. Durante su etapa de construcción y de operación podría otorgar 150 mil puestos de trabajo, además de elevar la inversión en US$490 millones durante su construcción. “Si tú terminas la presa de Palo Redondo, el 35% que queda, lo faltaría construir lo que son alrededor de US$130 millones”, señala Carrillo.

También resalta que solo culminando Palo Redondo ya se obtendrían beneficios en la producción agrícola. “Solo terminando la presa se beneficiarían las etapas I y II de Chavimochic. Si se continúa con la segunda parte del proyecto se incorporarían otras 30 mil hectáreas en tres o cuatro años. Habría un impacto inmediato en la agricultura”, agrega Carrillo.

De esta manera, la paralización de ambos proyectos genera que en el mediano plazo no se puedan ejecutar inversiones por aproximadamente US$950 millones solo en infraestructura, mientras que en las etapas de construcción y operación se estaría perdiendo la oportunidad de generar 295 mil empleos. “Hay que trabajar el marco institucional, que es deficiente, pero también se necesita voluntad política, se necesita que el Presidente de la República demuestre que está comprometido y que quiere sacar estos proyectos adelante a través de las Asociaciones Público Privadas”, señala Ñecco.

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