El COVID-19 evidenció las grandes brechas del Perú en infraestructura y en servicios de salud. Previamente, contábamos con 100 camas UCI (0,3 por 100.000 habitantes), mientras que Colombia, con 5.361 (10,5 por 100.000 habitantes). Aún con los mayores esfuerzos, el Perú hoy tiene 2.735, lejos de Colombia (12.116). Asimismo, desde hace 10 años dejamos de ejecutar en promedio el 2% del PBI al año (Colombia, 0,9% de su PBI); con esto, solo el 2020 hubiéramos construido 3.300 establecimientos de primer nivel de atención.
Frente a esta situación, es necesario implementar medidas de forma inmediata para acelerar la reactivación económica e impulsar la competitividad. El CPC, en su Informe de Competitividad 2021, plantea propuestas basadas en evidencia en nueve factores clave para la competitividad, y a raíz del COVID-19, prioriza cuatro: infraestructura, salud, mercado laboral y eficiencia del sector público.
En infraestructura, por el lado de las APP, las propuestas están orientadas a disminuir los retrasos y duplicidades en el proceso. Esto retomaría el ritmo de adjudicaciones del periodo con mayor éxito (2008-2014), donde se adjudicaron 54 proyectos por USD 18.000 millones. Por el lado de la obra pública tradicional, planteamos la adopción de mecanismos como los acuerdos G2G y contratos de uso internacional como los NEC, cuya ventaja es la de contar, por ejemplo, con una junta de disputas que evita paralizaciones, pues las soluciones se dan en simultáneo a la ejecución del proyecto.
En salud, proponemos fortalecer y ampliar la oferta con énfasis en el primer nivel, a través de los mecanismos ya mencionados, con el objetivo de resolver más del 70% de los problemas de salud, mediante la prevención, acciones de control, etc. Además, planteamos crear una institución especializada (Ugipress) para cada región y Lima Metropolitana, encargada de administrar la prestación de servicios de salud, mediante la gestión integral de los establecimientos de primer y segundo nivel de atención. Asimismo, proponemos crear una Ugipress adscrita al Minsa, que administre las prestaciones de los establecimientos de tercer nivel. Esto permitirá que una sola entidad esté enfocada en la prestación, dejando que el Minsa se ocupe solamente de su rol rector.
Para que dichas propuestas sean viables, urge invertir en recursos humanos. Actualmente, la rotación de los directivos en puestos clave en el sector público es alarmante. Entre 2016 y 2020, en los sectores de Transporte y Salud, la duración promedio de los directores generales fue de diez y siete meses, respectivamente. En cambio, durante el mismo periodo, en el BCRP permanecieron los mismos funcionarios en los puestos clave de la institución. Por ello, proponemos contratar directivos y servidores en puestos clave mediante nombramiento regulado, procesos meritocráticos y remuneraciones competitivas. El objetivo es que los funcionarios no estén en permanente aprendizaje del puesto, sino que se enfoquen en sus funciones y procuren una gestión eficiente.
En laboral, proponemos implementar un régimen temporal con facilidades de liquidez y contratación para las empresas más afectadas por el COVID-19. Para resolver su necesidad de liquidez, las empresas podrán acceder al régimen de la pequeña empresa, reduciendo, temporalmente, el costo laboral no salarial en 28 pp. Además, se darán facilidades para contrataciones de corto plazo, en las que se incluiría la posibilidad de recontratar extrabajadores. Finalmente, para acceder al régimen, las empresas estarían sujetas a ciertas condiciones como el no reparto de dividendos.
Es imperativo trabajar en la adecuada implementación de estas propuestas en el corto plazo y realizar el trabajo pendiente en los demás factores en el mediano y largo plazo. Si bien el sector público consideró cerca del 60% de las más de 100 propuestas del CPC, el reto es ejecutarlas. No esperemos que otra pandemia nos encuentre con los mismos problemas estructurales sabiendo las consecuencias que ocasionaría en la salud y la economía. Hoy, más que nunca, es momento de impulsar la competitividad para promover el crecimiento económico y generar mejores servicios públicos que brinden mayor bienestar para todos.