El plan de gobierno de Perú Libre, partido con el que Pedro Castillo postula a la presidencia, plantea la revisión de contratos de concesión, así como la modificación del reparto de utilidades entre la empresa privada y el Estado. «Se deben revisar todos los contratos ley, sobre todo los que privilegian a las concesionarias transnacionales de nuestras carreteras y ferrocarriles […] Planteamos invertir la proporción del reparto de utilidades, 20% a favor de la transnacional y 80% a favor del Estado», afirma el documento. A lo largo del plan se detalla que se revisarían los contratos de concesionarias terrestres y ferroviarías, además que muestra su disconformidad con las concesiones de proyectos de irrigación, las Asociaciones Público Privadas (APP) y el cobro de peajes.
Pedro Castillo confirmó la intención de su partido de revisar contratos. En una conferencia de prensa realizada en Trujillo señaló que buscará llegar a acuerdos con los concesionarios, pero que la última palabra la tendrá «el pueblo». «Tenemos que revisar los contratos con las grandes empresas transnacionales. Agotaremos todo tipo de diálogo, seremos respetuosos en el marco democrático y
bajo esta Constitución. De no ser así, es el pueblo el que tiene que tomar la decisión correcta», señaló.
La revisión y renegociación de contratos de concesión es una práctica habitual en el Perú y se guía a partir de las cláusulas estipuladas en los mismos. Sin embargo, de acuerdo a los especialistas consultados por SEMANAeconómica, si esta renegociación se da en los términos planteados por Castillo y su plan de gobierno, esta sería una exhortación unilateral a cambiar las condiciones de los contratos, pues se estaría ejerciendo presión política para la modificación significativa de las utilidades. Esto podría propiciar que los negocios de concesiones sean inviables y obligaría a las empresas privadas a demandar al Estado ante arbitrajes internacionales. «El sentido de la propuesta de Castillo no es una renegociación sencilla, sino una renegociación unilateral. Y si es unilateral, vas a generar que la empresa concesionaria vaya al Ciadi. Con toda seguridad, el Estado perdería el arbitraje. Además, si cambias la distribución de utilidades a 80% a favor del Estado, haces inviable cualquier inversión y perjudicas futuras inversiones extranjeras», afirma Camilo Carrillo, economista senior en el Consejo Privado de Competitividad. Actualmente, el Perú cuenta con 32 contratos de concesión de infraestructura de transporte de uso público, entre carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles e hidrovías. Asimismo, tiene 53 peajes bajo concesión que son operados por 13 concesionarios.
En este escenario, la medida también propiciaría paralizaciones en la adjudicación y construcción de obras y el alejamiento de la inversión extranjera. Lo que está intentando es obligar a los concesionarios a sentarse a renegociar. Esto no solo puede plantear problemas jurídicos, sino otras consecuencias respecto a las paralizaciones de obras de construcción. No podrían terminarse carreteras u obras viales en ejecución, como la Línea 2 del Metro de Lima, por ejemplo. Además, no puedes sustituir a los concesionarios en el corto o mediano plazo, será difícil volver a convencer a alguien para realizar las obras en nuevos concursos, advierte en el mismo sentido José Antonio Tirado, profesor de derecho administrativo en ESAN Graduate School of Business.
De acuerdo a Camilo Carrillo, «el impacto directo de la salida de inversionistas y del retraso de adjudicaciones sería de US$5 mil millones de la cartera de Proinversión a mediano plazo. Entre 2022 y 2023 se tenía previsto adjudicar estos montos en APP. Me queda claro que ningún privado firmaría contratos en ese contexto», remarca.
Asimismo, en caso se realicen las modificaciones unilaterales del contrato, la reputación del Perú como escenario para invertir en concesiones quedaría golpeada. «Internacionalmente lo que vas a tener son demandas de los inversionistas en amparo a esos tratados, lo que generará riesgo reputacional al Estado y eso se convertirá en una pérdida de confianza en los mercados internacionales. Esto va a suponer un aislamiento del Perú en el mercado», asegura Juan Carlos Salinas, socio del estudio Muñiz.
De acuerdo a Castillo, una nueva constitución podría modificar las reglas del juego a su favor en caso no se concreten las renegociaciones a través del diálogo. De lo contrario, la medida no podría aplicarse en el corto plazo. «Sin un cambio de la constitución, no podría darse un escenario inmediato. Las concesiones tienen usualmente una cláusula de rescate de la concesión, pero no se puede aplicar de cualquier manera. Y si se da sin sustento se entrará en controversias», resalta Salinas.
Sin embargo, incluso si se aprueba una nueva constitución que permita que el Estado pueda intervenir en contratos de concesión, esto no afectaría a las consecuencias internacionales. «Por muy constitucional que sea, en el derecho internacional una norma que modifique por sí misma a un contrato ya firmado es una actuación unilateral del Estado, lo cual es negativo y acarrea arbitrajes», añade Tirado.