Fuente: Agencia Andina
El 18 de febrero el Congreso aprobó por insistencia la Ley 31125, que declara en emergencia el sistema nacional de salud y regula su proceso de reforma. Ella incorpora medidas poco flexibles en materia de recursos humanos, así como otras que atentan contra el equilibrio económico financiero de EsSalud.
De un lado, prohíbe la contratación de profesionales de la salud, técnicos o auxiliares bajo la modalidad de servicios prestados por terceros en el Minsa, gobiernos regionales y organismos públicos, como EsSalud. Del otro, dispone que EsSalud incorpore a los trabajadores CAS al régimen laboral 728 dentro de los primeros 15 días calendario del levantamiento de la emergencia sanitaria. La normativa, además, señala que el personal de salud en condición de suplencia (a plazo fijo bajo el régimen laboral 728), y que mantenga vínculo laboral ininterrumpido durante cinco años, sea contratado a plazo indeterminado.
Estas dos medidas en materia de recursos humanos podrían afectar la operatividad de EsSalud e impactar en la calidad de los servicios que reciben sus afiliados. La Ley 30555 ya disponía la inclusión progresiva del personal bajo el régimen CAS al régimen laboral 728, acorde con la disponibilidad presupuestal de la entidad, siempre que no comprometa los servicios al ciudadano. En cambio, lo dispuesto en la Ley 31125 vulneraría este principio, debido a que EsSalud registró una caída de sus ingresos anuales de cerca del 3% y un incremento en sus gastos de cerca del 7%, de acuerdo con su Estado de Resultados Integrales de 2020. La pandemia generó un déficit importante, tanto por la menor recaudación de ingresos, como por el mayor gasto para enfrentar al Covid-19. Integrar nuevo personal bajo el régimen laboral 728 agravaría dicho déficit y pondría en riesgo la continuidad del servicio al afiliado.
Es innegable que debe existir un mejor manejo de la fuerza laboral en el sector salud, con remuneraciones competitivas y mayores y mejores incentivos a la productividad. Pero esto debe ser cuidadosamente planificado e implementado de forma progresiva, en vista del impacto que tuvo la pandemia sobre las finanzas del Estado. Así, a la par que enfrenta al Covid-19, urge que el gobierno diseñe un plan de manejo, incorporación y desarrollo del recurso humano en el sector salud para evitar medidas como esta ley que, pese a ser bien intencionada, no es viable por la delicada coyuntura actual.