Martes 27 de Febrero del 2024

Plan Nacional de Infraestructura 2022-2025: una actualización insuficiente para cerrar las brechas e impulsar la ejecución de obras

Publicado en Semana Económica

El nuevo plan de infraestructura contempla 72 proyectos, se concentra en la modalidad de obra pública y no contempla medidas que garanticen la aceleración de adjudicaciones.

El Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC) 2022-2025, publicado recientemente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no contempla medidas que apunten a garantizar la ejecución de los proyectos priorizados. Si bien la actualización del Plan Nacional de Infraestructura 2019 representa un esfuerzo por institucionalizar una agenda de Estado para cerrar brechas, no se han incluido cambios concretos para lograr su consolidación.

En primer lugar, no hubo un proceso de consulta integral con todos los actores involucrados en temas de infraestructura. “A diferencia del PNIC 2019, que fue constantemente socializado, esta vez el Ejecutivo no conversó la cartera ni la metodología con el sector privado. El plan tiene que tener mucha legitimidad y aceptación porque es lo que genera confianza y predictibilidad a los inversionistas”, indica Gabriel Daly, exdirector general de Promoción de la Inversión Privada del MEF.

Cambios en la priorización

El PNISC considera 72 proyectos priorizados, que implican una inversión total de S/146,622 millones. Estos están siendo desarrollados en el marco del concepto de infraestructura sostenible gracias a la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Es positivo que la infraestructura no sea vista como un fin sino como un medio para brindar servicios adecuados a la población”, menciona Paola Del Carpio, coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes). De este modo, se ha incluido a salud y educación, sectores ausentes en el PNIC 2019.

No obstante, resulta contradictorio que se haya dejado de lado 25 proyectos, con una inversión de más de S/20 mil millones, que no fueron presentados por los sectores o no pasaron los nuevos filtros. “Hay diferentes indicadores de sostenibilidad que han servido como criterio para priorizar unos proyectos por encima de otros”, explica Paulo Quequezana, analista de Comex Perú. “Se está enviando un mensaje erróneo a los inversionistas. Los nuevos criterios de priorización solo se debieron de aplicar sobre los nuevos proyectos, no sobre los que ya se priorizaron”, opina Pedro Herrera, economista jefe del Consejo Privado de Competitividad (CPC).

Unos 14 proyectos no fueron presentados por los ministerios a pesar de que su importancia es resaltada en el diagnóstico del plan. “La lógica de tener un plan nacional es brindar señales al mercado hacia donde apunta el país y donde planea el Estado invertir para brindar predictibilidad […]. Es peligroso si sometemos la actualización periódica [del plan] al parecer del ministro de turno”, indica Del Carpio. “Mi sensación es que el gobierno está diciendo: «Como algunos proyectos tienen problemas, mejor dejarlos de lado»; al contrario, deberían priorizarlos para solucionarlos”, menciona Camilo Carrillo, director ejecutivo del área de infraestructura de EY Perú. El plan tampoco detalla qué sucederá con los proyectos despriorizados, por lo cual quedan en completa incertidumbre, advierte Quequezana.

Más obra pública

De los 72 proyectos priorizados, 37 serán realizados mediante obra pública frente a los 17 que contemplaba el PNIC 2019 (ver gráfico). Así, la cartera bajo esta modalidad pasa de S/30 mil millones a S/58 mil millones. Este cambio respondería a la poca capacidad para adjudicar Asociaciones Público-Privadas (APP). “No tienen claridad de cómo estructurar una APP y se prefiere algo más sencillo de ejecutar como una obra pública”, explica Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, quien no descarta una «preferencia ideológica» por esta modalidad.

“El plan nos está demostrando la realidad de un sistema de promoción de la inversión privada debilitado institucionalmente y un problema de ejecución en todos los frentes de la infraestructura”, menciona Alberto Ñecco, exdirector ejecutivo de Proinversión. “Habría un tema de déficit presupuestario porque una obra pública es como si se estuviera comprando al contado; y se está dejando de lado la operación y mantenimiento”, agrega Héctor René Rodríguez, gerente comercial de Ferrovial y exdirector ejecutivo de Proinversión.

De otro lado, el plan no menciona la implementación del mecanismo de gobierno a gobierno (G2G). “Hubiera esperado que este plan de claridad de qué obras se ejecutarán vía G2G. No se ha cerrado la vía, pero debería haber mayor claridad”, enfatiza Cárdenas. “Los mecanismos de ejecución eficiente como los G2G, Proyectos Especiales de Inversión Pública, debieron de ser favorecidos para agilizar la ejecución”, agrega Herrera.

¿Solo buenas intenciones?

A diferencia del PNIC 2019, la nueva versión del plan incluye hitos y objetivos por cada proyecto, hasta el 2025. Además, recomienda la implementación de la Comisión Nacional para Desarrollo de la Infraestructura (CNI), que se encargará del monitoreo de los proyectos. “En papel son cosas interesantes […]. Que termine pasando en la realidad es otro tema. La experiencia del PNIC nos dice que se pueden seguir sacando decretos y pidiendo facultades para darle [a los proyectos] un tratamiento especial, pero no se ha generado mayor cambio”, advierte Quequezana.

La principal debilidad del plan —al igual que en la primera versión— es que no resulta vinculante ni está acompañado de medidas concretas para el destrabe de los proyectos. “El plan es un wish list, pero al final cada entidad va a priorizar en su presupuesto el proyecto que considere, no necesariamente los priorizados”, sostiene Ñecco. El exfuncionario público advierte que los problemas detrás de la paralización de los proyectos continúan. Prueba de ello es que el 50% de las obras priorizadas en el plan anterior estaban en ejecución, pero el avance a la fecha ha sido muy reducido. “El mayor problema es la liberación de predios e interferencias. No se han incorporado variables que permitan hacer una mayor flexibilización para la ejecución de los proyectos”, agrega Rodríguez. “Se necesitan medidas que acompañen al plan de infraestructura como un fast track para las APP, autorización automática del mecanismo G2G y la asignación automática de presupuesto para los proyectos priorizados […]. Quitar y poner proyectos cada tres años es un ejercicio teórico que no tiene impacto”, explica Carrillo.

Todos los especialistas consultados por esta revista coinciden en que para cerrar la brecha de infraestructura resulta fundamental tener voluntad política y una buena gestión pública, de manera que el PNISC 2022 – 2025 sea una verdadera política de Estado. “Si no tenemos buenos funcionarios públicos, actualizar la cartera del PNIC no va hacer mucha diferencia. Por ahí podría ir el derrotero de esta nueva cartera”, señala Herrera.

 

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