En los últimos años, el Perú se vio inmerso en un contexto de inestabilidad política, debilidad institucional, y de estancamiento económico. Las disputas entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, —sumado a la crisis del sistema de justicia—, generaron desconfianza en los ciudadanos y las empresas, lo que repercutió en la economía del país. Además, la región atraviesa un complejo proceso de descontento social, del cual el Perú no puede estar ajeno. Más aún, si el 83,4% de los peruanos están insatisfechos con el funcionamiento de la democracia; cifra que se ubica solo por debajo de países como Brasil, El Salvador y Venezuela (Latinobarómetro, 2018).
En el 2017, el Perú se ubicó en el puesto 60 de 135 países en el ranking del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). Frente a ese escenario, se creó el Consejo Privado de Competitividad (CPC), como un centro del pensamiento que impulse medidas de política pública para mejorar la competitividad. A partir de un esfuerzo de colaboración con el sector público, privado y la academia, elaboramos el Informe de Competitividad 2019, en el cual se plasmaron 77 propuestas que impactan en la productividad y competitividad del país. Casi dos años después, el ranking del WEF muestra que retrocedimos cinco posiciones, lo que deja clara la urgencia de continuar impulsando la competitividad del Perú.
Dentro de dicho marco, el Gobierno elaboró medidas de mediano y largo plazo plasmadas en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (el Plan), y en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). Ambos son producto de la colaboración y generación de consensos entre el sector público y privado; sin embargo, es fundamental fomentar este círculo virtuoso con miras a alcanzar un mejor país en beneficio para todos los peruanos. Esto no solo retomará la senda de crecimiento potencial, sino que —y todavía más importante— continuará con la erradicación de la pobreza, la mejora en calidad de servicios públicos y la generación de empleos dignos.
Desde el CPC, consideramos que deben priorizarse políticas públicas en tres ámbitos: (i) condiciones habilitantes, que brinden los requisitos mínimos para un ejercicio adecuado de la ciudadanía; (ii) capital humano, que permita a todos los peruanos desarrollar al máximo su potencial; y (iii) el impulso a la generación de buenos empleos formales.
La reforma del sistema de justicia y del servicio civil tiene un sentido de urgencia, al mismo tiempo que resulta fundamental garantizar el acceso a servicios públicos e infraestructura de calidad a todos los peruanos. Por un lado, garantizar los derechos fundamentales de la población solo será posible si se impulsa una reforma integral y se refuerza la función de las Autoridades Nacionales de Control del Poder Judicial y Ministerio Público. En paralelo, los escándalos de corrupción evidenciaron la necesidad de una reforma del servicio civil en puestos clave, que promueva la meritocracia y transparencia en funcionarios, minimizando así la probabilidad de ocurrencia de corrupción. Por otra parte, los tres niveles de gobierno deben enfocarse en cerrar la brecha de infraestructura estimada en S/ 363 mil millones. Si bien el PNIC apunta en esa dirección, su ejecución debe estar acompañada de medidas que aseguren su éxito. Además, es fundamental no descuidar el resto de las inversiones con potencial aporte para el cierre de brechas.
Fuente: Andina
En cuanto al capital humano, urge continuar con la reforma universitaria y complementarla con educación técnica desde los últimos años de secundaria, con enfoque territorial y priorizando sectores con ventajas comparativas. Todo ello, en coordinación con los Consejos sectoriales y un Marco Nacional de Cualificaciones que considere los estándares de competencias requeridos. Por otra parte, el sistema de salud está segmentado y fragmentado; esto limita el acceso para los ciudadanos. En esa línea, el Plan contempla la implementación progresiva de las Redes Integradas de Salud (RIS), que permita la vinculación entre los subsistemas de salud en beneficio de los usuarios. Dicha acción debe acompañarse de una dotación de recursos humanos y equipamiento a las RIS (y no a los establecimientos de salud), especialmente en el primer nivel de atención.
Por último, es importante incentivar la contratación formal con un enfoque en la pequeña empresa. Así, el CPC propone modernizar el régimen especial para las nuevas contrataciones, incluyendo mejoras en las condiciones laborales, la incorporación al Seguro Integral de Salud y un esquema de matching contribution para las pensiones de los trabajadores jóvenes.
Los esfuerzos realizados a la fecha apuntan a la dirección correcta. Ahora, el reto está en la ejecución y, para lograrlo, es fundamental la colaboración entre el sector público y privado. El Bicentenario de nuestra independencia está muy cerca y deberíamos trazarnos como objetivo llegar a ese año con un país más competitivo y justo.