CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD
¿Estamos financiando las necesidades más urgentes del país o estamos asistiendo a la última “repartija” posible antes del cambio de gobierno?
Los créditos suplementarios son una herramienta normal de la política fiscal. Ningún presupuesto puede anticipar todas las necesidades que surgirán durante el año, por lo que resulta razonable incorporar recursos adicionales cuando aparecen nuevos ingresos o demandas urgentes. El problema no es el instrumento. El problema son las prioridades que revela. Y el proyecto presentado por el Ejecutivo para incorporar S/ 9.596 millones al presupuesto de 2026 deja una pregunta incómoda: ¿estamos financiando las necesidades más urgentes del país o estamos asistiendo a la última “repartija” posible antes del cambio de gobierno?
La pregunta adquiere relevancia porque este crédito suplementario se presenta apenas semanas antes de que una nueva administración asuma el poder el próximo 28 de julio. Es decir, estamos frente a un gobierno que se encuentra en su etapa final, con limitada capacidad política y escasos incentivos para impulsar una visión estratégica de largo plazo. En contextos como este suelen intensificarse las presiones para atender demandas acumuladas, satisfacer grupos de interés y ejecutar la mayor cantidad posible de recursos antes del cierre del ciclo político.
Eso parece reflejarse en la composición del proyecto. Entre las principales asignaciones encontramos S/ 212 millones para un bono extraordinario a docentes y auxiliares, incrementos remunerativos para distintos segmentos del sector educación, S/ 57 millones para iniciar la implementación de gratificaciones y CTS para trabajadores CAS, S/ 151 millones adicionales para el Congreso de la República y S/ 200 millones para los Juegos Panamericanos de 2027. A ello se suman recursos para diversas entidades públicas, así como S/ 401 millones vinculados al próximo proceso electoral.
No se trata de afirmar que cada una de estas partidas carece de justificación. La cuestión es otra. Cuando el país cuenta con casi diez mil millones de soles adicionales para asignar, la discusión debería centrarse en cuáles son las prioridades nacionales más importantes. Y allí surgen dudas legítimas.
La primera tiene que ver con aquello que prácticamente no aparece en el proyecto. Mientras diversos organismos internacionales mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones oceánicas y los riesgos asociados a un eventual Fenómeno de El Niño, el crédito suplementario no muestra una estrategia clara de prevención. No se observan programas significativos de defensas ribereñas, drenaje urbano, reforzamiento de infraestructura crítica o reducción de vulnerabilidades. La experiencia de 1982-1983, 1997-1998 y 2017 debería haber enseñado que la prevención siempre resulta menos costosa que la reconstrucción.
La segunda duda está relacionada con la calidad de la inversión pública que se pretende financiar. El Gobierno destaca que cerca del 70% de los recursos se orienta a gasto de capital. Sin embargo, una parte importante de esos fondos se distribuye entre más de 2.300 proyectos de gobiernos regionales y locales. La fragmentación es tan amplia que resulta inevitable preguntarse si existe una verdadera priorización o si estamos ante una lógica de reparto territorial en la que todos reciben algo, independientemente de la relevancia o el impacto de las intervenciones financiadas.
Más preocupante aún es que el Estado peruano mantiene enormes dificultades para culminar proyectos. Diversos análisis muestran que apenas tres de cada diez inversiones públicas logran cerrarse adecuadamente. El problema del Perú no es la falta de proyectos. El problema es la incapacidad para terminarlos y convertirlos en servicios efectivos para la población. Seguir multiplicando iniciativas sin resolver ese cuello de botella corre el riesgo de profundizar la ineficiencia existente.
Sería injusto responsabilizar exclusivamente al Ministerio de Economía y Finanzas. Históricamente, el MEF ha sido una de las instituciones más sólidas del Estado peruano. Sin embargo, también es evidente que en los últimos años ha debido enfrentar crecientes presiones provenientes del Congreso, los gobiernos subnacionales y diversos grupos organizados. Cuando un gobierno se encuentra próximo a dejar el poder, esas presiones suelen intensificarse.
Por eso, el debate de fondo trasciende este crédito suplementario. Lo que está en discusión es la capacidad del Estado para mantener una jerarquía clara de prioridades. Porque cuando un país dispone de recursos extraordinarios y decide destinarlos principalmente a atender demandas acumuladas de corto plazo, mientras riesgos estratégicos y problemas estructurales permanecen relativamente relegados, el problema no es fiscal. El problema es político. Y las prioridades equivocadas suelen terminar siendo las más costosas.
David Tuesta
Presidente del Consejo Privado de Competitividad
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