La titular del Ministerio de Trabajo, Betssy Chávez, en calidad de congresista, instó mediante un oficio a la Comisión de Economía del Congreso a priorizar la aprobación del dictamen del Proyecto de Ley N° 929 (presentado por el congresista Luis Kamiche de Perú Libre) que dispone la devolución del 100% del saldo de los fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), que son administrados por las AFP, que se acogieron al beneficio de la Ley N° 31192.
Ante ello, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Graham, se pronunció sobre el impacto negativo que generaría en la economía esta iniciativa, mostrando así la falta de consenso entre el MEF y el MTPE.
El oficio elaborado por la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado del MEF y que fuera enviado a la Comisión de Economía del Congreso, señala que la propuesta legislativa afecta la intangibilidad de los fondos de la seguridad social que tiene como fin el aseguramiento y la garantía del pago de una pensión.
Además, el retiro tendría un impacto sobre la liquidez del sistema financiero ya que generaría problemas para los afiliados en el futuro, descapitalizando más los fondos al requerir cerrar posiciones del portafolio de inversiones, y afectando la economía nacional.
De igual manera, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) rechazó también el proyecto de ley y remitió al citado grupo de trabajo parlamentario, que preside la legisladora Silvia Monteza, un informe técnico en el que sostiene que es una obligación del gobierno dictar medidas que garanticen un sistema de seguridad social sostenible en el tiempo.
El regulador precisó que para mitigar los efectos de la crisis originada por la pandemia ya se han dado cinco retiros de ahorros previsionales que generaron desembolsos por alrededor de S/65,9 mil millones al 31 de octubre de 2021. Dicho monto representa el 8,1% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
También detalló que, un nuevo retiro respaldado por la mencionada propuesta legislativa generaría una potencial salida de recursos que ascendería a S/77.869 millones adicionales a lo ya retirado, lo que representa el 59% del valor del fondo de pensiones; y que permitiría que 2,7 millones de afiliados hagan uso de sus fondos para fines distintos a la jubilación.
Enrique Díaz, exsuperintendente adjunto de la Superintendencia Administradora Privada de Pensiones (que hoy forma parte de la SBS), señaló que no solo se está desmantelando el sistema de pensiones de a pocos, sino que, con este pedido, el Estado se estaría alejando de lo esencial: empezar a diseñar un buen sistema de pensiones.
“De aprobarse, la iniciativa del Congreso pondrá en aprietos al sistema y le quitará liquidez. Al tener que colocar activos a corto plazo, va a disminuir la valorización de los activos financieros”, afirmó.
Para David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, debemos tener en cuenta que ya ha habido una ola de retiros desde el 2020 que han significado la salida de la tercera parte de lo que había antes de la pandemia.
“Hay varios proyectos sobre el tema, pero este es el que implica una salida más alta, son casi 8 millones de afiliados y cerca de S/ 85 mil millones, según la SBS entre 9% y 10% del PBI adicionales al 8% que ya se retiró. Con ello nos quedaríamos con un sistema evidentemente reducido”, señaló.
Díaz afirmó que, de aprobarse el retiro, se perjudicará a quienes no retiren sus fondos ya que el valor de los activos se vería afectado. “Primero se tendrá que reacomodar el portafolio y eso significa ´vender en masa´, castigando el precio de los activos y vendiéndolos a una fracción de su valor”, acotó.
Por otro lado, Tuesta explicó que el SPP y el aporte de cada afiliado, contribuye con el desarrollo del país. Así, si uno aporta al fondo, las AFP prestan el dinero a largo plazo para que las empresas inviertan permitiendo el crecimiento económico y la generación de empleo.
“Si quitas un gran porcentaje de recursos del sistema, significaría que tu crecimiento a futuro va a disminuir y con ello, incluso, las calificadoras de riesgo reducirán el grado de inversión del Perú”, añadió.
Y es que, cuando se empezaron a discutir los retiros anteriores, las clasificadoras de riesgo anticiparon que se reduciría la clasificación del Perú, lo que finalmente fue lo que sucedió. “Con esta nueva medida, es seguro que el Perú perderá su grado de inversión”, anotó Tuesta.
El economista recordó, además, que el gobierno ha firmado un compromiso con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que exige a los países que quieran pertenecer a este organismo, tener un sistema de seguridad social -al menos- en construcción.
Los especialistas enumeraron algunos puntos a abordar para una reforma integral del Sistema de Pensiones, empezando con la estabilidad del panorama político, dar mayores alternativas de ahorro y de jubilación.
Asimismo, mencionado que se debe consolidar el ahorro para partir de un sistema de AFP construido. Con esto, se ampliaría e incluiría a aquellos que no están participando en él, cuyo porcentaje asciende a 70% de la población, estimó Tuesta.
Mediante esta ley promulgada el 7 de mayo del 2021, se autorizó de manera extraordinaria a todos los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, el retiro de facultativo de hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT) (S/ 17.600) del total de sus fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización (CIC), a fin de aliviar la economía familiar afectada, por las consecuencias de la pandemia del COVID-19.