La iniciativa ‘Licencia cero para mypes’ acierta al proponer una ventanilla única para trámites de apertura de un negocio, pero pasa por alto el impacto presupuestal en las entidades públicas y las medidas vigentes para reducir los costos de iniciar un emprendimiento.
Fuente: Semana Económica
Fuerza Popular, partido liderado por la candidata presidencial Keiko Fujimori, propone en su plan de gobierno una ‘Licencia cero para Mypes‘. También plantea la implementación de una auténtica ventanilla única y electrónica para los trámites que debe seguir cualquier ciudadano que quiera abrir una empresa, como inscribirse en la Sunarp, obtener una licencia de funcionamiento municipal, un certificado de Defensa Civil o un registro de marca ante el Indecopi. «El Estado no debe cobrar”, dice Nano Guerra García, jefe de plan de gobierno del partido. «La municipalidad me tiene que dar un formulario, una declaración jurada y con eso ya tengo mi licencia automática», agrega. Abrir un negocio en el Perú requiere de ocho trámites que toman 53 días y suponen un costo de S/ 21,902, según el Banco Mundial (BM).
La implementación de una ventanilla única contribuiría a reducir el tiempo y los costos para abrir un negocio, como ha recomendado el BM en su informe Doing Business en el Perú 2020. “El hecho de que sea una ventanilla única hace más transparente el proceso», dice Araceli Acuña, abogada senior del Consejo Privado de Competitividad. Experiencias a nivel local, como la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), han contribuido a una reducción promedio en el tiempo del 35%. Sin embargo, como advierte el BM, su implementación será compleja y gradual, pues requiere capacitación de la burocracia municipal, un alto nivel de penetración de Internet y una adecuada infraestructura tecnológica.
De otro lado, eliminar las tasas comprometería los presupuestos de las instituciones públicas. «Las tasas por su naturaleza lo que buscan es retribuir el costo efectivo de prestar un servicio”, comenta Carlos Gonzales Prada, asociado de Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría. La Sunarp se financia a través de las tasas que cobra por los trámites, donaciones, transferencias, cooperación internacional y las rentas que generen sus depósitos en el sistema financiero. Del total de los ingresos por las tasas registrales, el 20% se asigna al presupuesto de la entidad. «Se requiere un análisis económico más exhaustivo”, agrega Gonzales Prada. “El Estado luego va a querer cobrarme impuestos a mí”, dice Guerra García, quien sostiene que la apertura de más negocios permitirá aumentar la recaudación de los municipios.
En el caso de las municipalidades, que son las que llevan a cabo el trámite para obtener la licencia de funcionamiento y el certificado de Defensa Civil, durante el 2018 el 20% de lo que recaudaron tuvo su origen en los ingresos corrientes, que incluyen los impuestos y contribuciones obligatorias, así como servicios y
derechos administrativos. Las municipalidades están facultadas para exonerar de las tasas a los ciudadanos mediante ordenanzas, pero si el objetivo es que la medida tenga un impacto a nivel nacional se requeriría un cambio a nivel legal, que pasaría por el Congreso para “exonerar a todas las pequeñas empresas de obtener licencia de funcionamiento”, dice Laura Francia, asociada senior del estudio Echecopar.
Pero un trámite gratuito no es garantía de mayor celeridad. Por eso, la propuesta de Fuerza Popular plantea autorizaciones automáticas. Pero pasa por alto que hoy la obtención de la licencia de funcionamiento para edificaciones riesgo bajo y medio ya lo es, pero en el caso de las edificaciones de riesgo alto aún requiere una revisión previa. En este último caso, obtener la licencia y el certificado de Defensa Civil representa el 73% del tiempo promedio que toma abrir un negocio en el Perú y el 40% del costo total. «La necesidad de la licencia como tal sí es importante porque verifica zonificación y aspectos de seguridad”, dice Francia, quien considera que no debería volverse automática en todos los casos. «Lo que se puede hacer es mejorar el proceso. Hay una serie de problemas, en el sentido de que no hay coordinación entre las oficinas y hay una gran carga laboral en ellas, por eso se retrasan”, explica Acuña.
Aunque alineada a algunas medidas que han planteado instituciones como el Consejo Privado de la Competitividad para mejorar el ambiente de negocios en el Perú, la propuesta de Fuerza Popular necesita afinarse y no dejar de lado los avances logrados hasta la fecha. Por ello Acuña plantea “fomentar el uso de la plataforma electrónica SID-Sunarp”, que además permite constituir empresas mediante un régimen societario simplificado por S/18.70. El uso de SID-Sunarp ha permitido que en Lima el tiempo para abrir un negocio sea de 26 días, una cifra muy debajo del promedio nacional.