El desafío económico más importante que tiene Perú en estos momentos es recuperar, lo más rápido posible, el dinamismo que ha perdido la inversión privada.
La recuperación económica requiere un decidido impulso a la inversión privada en el país. Sin embargo, los anuncios y medidas dictadas por el Ejecutivo van en sentido contrario. Así, según el BCR, la proyección de crecimiento de la inversión privada sería del 0%.
El 83% de la inversión total en el Perú es representada por la inversión privada. Es el motor de generación de empleo formal. En 2020, representó el 18.7% del PBI, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR), por lo que constituye el segundo elemento con mayor peso, solo por detrás del consumo privado.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por su parte, anunció, un poco más optimista, una proyección de crecimiento entre el 0% y el 2%, con lo que ajustó a la baja su estimado inicial del 5.5% señalado en el Marco Macroeconómico Multianual (agosto 2021).
Todo ello dista de los estimados de expertos analistas, como los del Instituto Peruano de Economía (IPE) y del BBVA Research, que proyectan una caída para de la inversión privada del 9% y el 5.4%, respectivamente.
Apremia impulsar la inversión privada; Ejecutivo debe enmendar el rumbo y dar confianza para fomentar la inversión minera. En un contexto de precios altos de los minerales, esta es una oportunidad que no debemos desaprovechar, ya que permitirá dinamizar el sector y generar empleo, recaudar más divisas y más impuestos que podrían ser invertidos en la provisión de mejores servicios públicos para la población.
Para ello, se requiere que el Gobierno actúe con responsabilidad y liderazgo en la resolución de conflictos sociales, que asuma una actitud proactiva para evitar el surgimiento de nuevas disputas y destrabe la ejecución de inversión pública en las regiones mineras. Recursos hay, y muchos, pero las obras no llegan a la población. Esa es responsabilidad del Estado.
Asimismo, es absolutamente inaceptable perder un proyecto de irrigación tan importante para Arequipa, y para el país, como infraestructura. Con ello se perderían 145,000 empleos potenciales, US$ 1.155 millones de exportaciones anuales, así como US$ 35 millones en servicio de agua y US$ 150 millones en energía, según estimaciones del Consejo Privado de Competitividad.
En esa misma línea, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de evitar que se ponga en riesgo la competitividad logística y debe firmar de manera urgente la adenda para la ampliación del muelle norte del Callao, a cargo de APMT Terminals (APMT). No hacerlo no solo significará perder una inversión de US$ 250 millones adicionales, sino que se generarán US$ 200 millones en sobrecostos logísticos y un incremento del 34% en el valor de la canasta básica familiar. Los peruanos quieren un puesto de trabajo y acceder a oportunidades para sacar adelante a sus familias.
No quieren bonos o dádivas. Los problemas de las familias no aguantan más ensayos ni decisiones para la tribuna. Acá se necesita generar trabajo. Es urgente reactivar la inversión privada.