El plan de reactivación presentado por el ministro Kurt Burneo no lograría el impacto planteado en cuanto a crecimiento económico. Las medidas para facilitar las decisiones de inversión (pública y privada) e impulsar la confianza de los agentes corren el riesgo de ser frenadas por discordancias políticas.
El plan Impulso Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tendrá un efecto limitado en el crecimiento económico del país en el corto plazo. Las limitaciones en cuanto a las coordinaciones entre carteras ministeriales y el Congreso para ejecutar las medidas planteadas y la crisis política que desincentiva la inversión privada seguirán jugando en contra de la confianza empresarial, lo que frenará el alcance del plan.
Las 36 medidas propuestas por el MEF serían poco efectivas en impulsar la economía peruana en el corto plazo. Si bien los tres ejes planteados —mejora de condiciones del gasto privado, aceleración de la inversión pública y recuperación de la confianza— contienen medidas «correctas», las metas de alcanzar un crecimiento de 3.9% este año y 4.3% el próximo año son poco alcanzables. “No creo que el plan tenga elementos perjudiciales necesariamente, pero las medidas no están atacando los problemas de fondo que explican el menor crecimiento del país”, explica Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director de Videnza Consultores.
Fuente: Semana EconómicaAsimismo, el plan deja de lado temas clave como las preocupaciones regulatorias. La puesta en marcha de la Agenda 19 del MTPE es una de las medidas que más ruido genera. “La gran omisión es todo el tema regulatorio. El MEF puede decir que no puede regular sobre otros temas que no son de su competencia, pero siempre lo ha hecho cuando se lo ha propuesto y cuando ha tenido el capital político para hacerlo. En mi época y en otras, se alineaban mensajes y acciones con ministerios sectoriales, cosa que hoy no ocurre. Cada quien está por su lado”, acota Castilla, quien lideró el MEF entre el 2011 y 2014.
El eje de inversión privada concentra la mayor cantidad de medidas en distintos frentes y la mayor apuesta de recursos. Por el lado tributario, Castilla ve positivo el beneficio a la inversión en exploración minera para movilizar la cartera de proyectos. Sin embargo, existe una preocupación del Congreso como barrera. “Mientras no haya consistencia, va a haber una prima de riesgo muy elevada y eso va a impedir que se recupere la inversión de muchos sectores que ahora se sienten agredidos por regulaciones muy malas y por fiscalización que no guarda proporcionalidad en sanciones”, señala.
Por su lado, la medida de exoneración de IGV a los principales bienes de la canasta de consumo continúa siendo cuestionada dado el poco impacto en precios que ya ha demostrado. Esto beneficiaría a los estratos económicos más altos.
Asimismo, los expertos señalan que la inversión pública sería difícil de impulsar debido a las elecciones regionales dado la pobre ejecución que se ha registrado históricamente en el primer año de gestión subnacional, discrepando de lo planteado por el MEF. La entidad proyecta que sus medidas de reactivación de este sector beneficien al PBI en 0.1 y 0.5 puntos porcentuales en el 2022 y 2023, respectivamente. “Habrá un tema de capacidad insuficiente que hace que cualquier esfuerzo razonable hacia la inversión pública tenga que enfrentar problemas que no se resuelven a corto plazo”, dice Castilla.
En otro frente, los bonos y subsidios aún serían pertinentes en el escenario inflacionario actual. Sin embargo, su efectividad sería limitada dados los problemas de focalización en la entrega. Además, estas medidas son transitorias, por lo que se debe plantear un retiro ordenado de las mismas. “Difícil en las circunstancias actuales quitar esos subsidios solamente por criterios financieros. Pero sí hay que ir pensando en qué momento se empiezan a elevar anclas. Ya debería irse estudiando algún esquema de progresividad de retiro”, opina Tuesta.
Como señaló SEMANAeconómica en su última editorial, el mensaje que intenta dar el ministro Burneo es positivo hacia el mercado. “La medida 37 que no está escrita y que mencionó en la presentación es transmitir un mensaje claro de que él es el que hoy en adelante manda en cualquier iniciativa que tenga efectos económicos. Con esto él intenta contrarrestar los golpes a las expectativas y a la confianza que dan otras personas dentro del Ejecutivo, y con este rol construir una vía entre el ministerio y el sector privado”, menciona Tuesta.
De hecho, su respuesta al ministro de Trabajo, Alejandro Salas, sobre un alza anual del salario mínimo es una señal de esto. “Es evidente que hablar del salario mínimo implica un tema económico, no solo al sector trabajo. Cuando se presente, la discutiremos en el Consejo. No hay posibilidad de que las cosas pasen independientemente de un debate previo en el Consejo”, dijo el titular del MEF en conferencia de prensa la semana pasada.
Sin embargo, la incertidumbre política seguirá siendo un lastre para la confianza empresarial. La separación del frente económico y político que busca el ministro Burneo «antes se podía lograr porque tenías un entorno externo bastante favorable que te permitía hacer que las cuestiones políticas sean menos vinculantes para la economía; pero esa situación ya no ocurre”, acota Castilla. La pérdida de peso del MEF ha abierto camino a la politización de varias medidas en un escenario de falta de alineación en los poderes del Estado.
Tanto el costo fiscal como el efecto inflacionario del plan serían poco significativos y no presentan un riesgo, según los especialistas consultados. “No veo que este programa vaya a ser altamente inflacionario. Había esa preocupación inicialmente, pero no ha habido aumentos en el gasto corriente más allá de lo que ya está en el presupuesto”, afirma Castilla.
Por otro lado, que los S/3,000 millones del costo del financiamiento del plan vengan de los saldos de operación disponibles no genera presiones fiscales adicionales dado que ya es contemplado dentro del Marco Macroeconómico Multianual, explica Tuesta. Los costos más grandes vienen de la prórroga de la exoneración de IGV para alimentos y bienes de la canasta de consumo, por S/5,672 millones anuales, y el bono alimentario, por S/1,600 millones. “El costo fiscal más grande es en recursos que se dejarían de recaudar”, advierte Castilla.