En 2021, la recuperación en el empleo se ha dado principalmente en el sector informal, alcanzando una tasa de 77% y ubicándonos como el cuarto país en América Latina con mayor informalidad [1]. Si queremos revertir esta situación, antes debemos preguntarnos ¿qué nos llevó a este punto?
Según Loayza[2], la informalidad responde a: (i) factores estructurales como la baja productividad de las empresas y trabajadores; y (ii) la mala gobernanza que conlleva a una economía sobrerregulada. En Perú, gran parte de la informalidad se debe al segundo punto [3], vinculado a la escasa institucionalidad y predictibilidad en las actualizaciones de la RMV y los altos costos de contratar a un trabajador formal [4].
Estos últimos representan el 67% del salario promedio de un trabajador formal – solo por debajo de Argentina y Brasil [5] – desincentivando la formalidad e impidiendo la creación de una clase media de empresas con mayor empleo formal y productivo. Actualmente, el 90% [6] de las empresas son microempresas que absorben solo al 20% del empleo formal. Por el contrario, las medianas y grandes empresas (2% del total) agrupan al 64% de trabajadores formales. Si a esto le sumamos el hecho de que la productividad de la microempresa equivale al 9% de la grande, se puede inferir que el empleo nacional es impulsado principalmente por empresas de menor tamaño y menos productivas, incapaces de generar empleo formal.
En 2008, el Ejecutivo aprobó el Régimen Laboral Especial de la Pequeña Empresa, el cual redujo los costos de la formalidad en 28,7 pp, acorde al nivel de productividad de este segmento para potenciar su crecimiento. Gracias a este régimen, la tasa de informalidad de la pequeña empresa se redujo en 7,9 pp entre 2009 y 2019, respecto a la gran empresa; con lo cual muestra que regímenes especiales para empresas con baja productividad, como la pequeña, impactan positivamente sobre la formalidad [7].
Pese a estos beneficios del régimen, el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) no realizó esfuerzos por promocionarlo [8]. Además, pese a incluir la modernización del régimen Mype en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) en 2018, el avance respecto a reformular el sistema de aseguramiento en salud y pensiones de las Mypes es nulo [9].
En 2021, el actual gobierno aprobó la Agenda 19 que incluye medidas que dirigen la gestión del MTPE. Sin embargo, ninguna está orientada a reducir la informalidad, ni procurar que una mayor proporción de trabajadores tengan beneficios laborales, ni garantizar el crecimiento de empresas pequeñas. Por el contrario, generan un mercado laboral más rígido y sobre regulado, protegiendo los beneficios de muy pocos.
En esta línea, el MTPE presentó normativas con efectos perjudiciales para el mercado laboral. Así, prohibió la tercerización de actividades del núcleo de negocio de una empresa [10] sin evaluar sus impactos. También autorizó un incremento de la RMV [11] sin una metodología para su actualización periódica ni estimar el impacto en el mediano plazo. Igualmente, el anteproyecto del Código de Trabajo no identifica los costos y beneficios de la norma ni establece indicadores de monitoreo, como lo regula el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) aprobado por el Ejecutivo.
Esto no solo muestra una falta de continuidad e impulso de políticas que contribuyen a reducir la informalidad, sino que los objetivos actuales no están alineados con el PNCP para potenciar la competitividad y que las normas emitidas no resuelven el problema de la informalidad ni garantizan los beneficios laborales al presentar un AIR deficiente.
