Jueves 01 de Diciembre del 2022

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo atenta contra el empleo formal de miles de peruanos y la competitividad de las empresas con la aprobación de Decreto Supremo sobre servicios de tercerización

 

  • El Ejecutivo recientemente aprobó un Decreto Supremo que perjudica los esfuerzos por generar puestos de trabajo formales, presentando argumentos que no tienen sustento y yendo más allá de lo que la ley permite. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó esta normativa (DS 001-2022-TR) argumentando que la utilización indiscriminada de la tercerización la convierte en una de las principales causas de abaratamiento de los costos laborales, sin presentar evidencia que sustente dicho argumento. De esta manera, este decreto prohíbe la tercerización de las actividades que forman parte del núcleo de negocio de una empresa. Sin embargo, la definición de núcleo de negocio es amplia, sujeta a interpretaciones subjetivas y establece restricciones que no se encuentran previstas en la ley.
  • Las consecuencias de este DS sobre la competitividad de las empresas y el empleo no han sido debidamente evaluadas, ya que se podrían afectar a sectores clave para la economía (Construcción y Minería), a más de 950 empresas de tercerización y a más de 105 mil trabajadores formales. Según datos de la Encuesta Nacional de Empresas (INEI, 2017), un porcentaje relevante de empresas en sectores clave, como lo son Construcción (76%), Servicios (74%) y Minería (64%), manifiestan que utilizan la tercerización en sus procesos. Asimismo, el 62% de las empresas tercerizan el mantenimiento de sus equipos y el 32%, la seguridad en sus instalaciones. Con respecto al empleo, los más de 105 mil trabajadores formales de empresas de tercerización representan el 3% del empleo formal privado asalariado.
  • En otros países como Ecuador, Bolivia y México, la evidencia sugiere que las prohibiciones al proceso de tercerización han resultado perjudiciales para la competitividad y el empleo. El IPE (2022) recopila estas experiencias y muestra que la prohibición de la tercerización paralizaría varios proyectos y dejaría en el desempleo a la mayoría de los trabajadores hoy tercerizados. En Ecuador, luego de prohibir la tercerización en 2008, el 37% de las empresas tercerizadoras cerraron sus operaciones y el 80% de los trabajadores antes tercerizados fueron desempleados. En Bolivia, la prohibición de la tercerización de tareas propias y permanentes de las empresas generó, en el sector minero, que surgieran cooperativas de trabajadores independientes que ofrecían menores salarios y condiciones de seguridad y tecnología. Asimismo, luego de que México autorizara la tercerización sólo para la contratación de servicios que no formen parte de las actividades principales de la empresa, el 46% de los trabajadores afectados por la normativa no fueron incorporados en la planilla de las empresas.
  • En Perú, pese a la recuperación económica, el empleo aún no alcanza los niveles pre pandemia, los ingresos de la población se han contraído y la informalidad avanzó de forma preocupante. Según los últimos datos a nivel nacional, el empleo aún registra una caída de 1,4% (235,3 mil empleos perdidos) con respecto al tercer trimestre de 2019, los ingresos laborales totales eran en 2021 el 93% de lo registrado en 2019 (Apoyo Consultoría, 2022) y la informalidad laboral se ha incrementado en más de 5 puntos porcentuales desde hace dos años (78%).
  • Por lo tanto, desde el CPC exhortamos al Poder Ejecutivo para que dé marcha atrás en esta medida que tiene consecuencias perjudiciales para el empleo formal y la competitividad.
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