Desde 2014, la inversión pública ha sufrido una caída sistemática en los niveles de ejecución, pasando desde un 78% hasta situarse en torno a un 65% en 2019. En términos de recursos no utilizados, durante 2019, no se ejecutaron S/16,9 mil millones (2,2% del PBI). Esta baja ejecución será aún menor en 2020, debido a la crisis originada por el COVID-19. De acuerdo a proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas, la inversión pública registraría una caída de 15,5% real al cierre del presente año, lo que se traduce en el nivel más bajo de implementación en la última década.
Este comportamiento se relaciona directamente con la poca capacidad del sector público para ejecutar a tiempo las obras planificadas. Si bien este año una parte importante de la subejecución se atribuye a la pandemia, los retrasos en los procesos de licitación de proyectos continúan siendo un factor importante para explicar la ineficiencia de la ejecución presupuestal. Este indicador es medido por el Índice Regional de Gestión Pública (IRGP), elaborado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC).
Sobre la base de una muestra de 524 proyectos convocados por los tres niveles de gobierno entre enero y setiembre de 2020, se encontró que 410 fueron adjudicados. Los resultados de estos últimos revelan que, en promedio, las demoras en la adjudicación de proyectos fueron de 125% más que lo previsto; sin embargo, existen diferencias significativas entre los tres niveles de gobierno. El peor desempeño lo presentan los gobiernos regionales, donde el plazo real para la adjudicación de la buena pro de un proyecto puede ser hasta cinco veces más que el plazo planificado en un principio. Por ejemplo, para el gobierno regional de Piura —entidad con el mayor presupuesto para obras entre regiones—, el plazo real fue de 152 días, cuando el planificado era de 25; esto significó 512% más de lo inicialmente estipulado. Por el contrario, el gobierno regional más eficiente resulta ser Huancavelica, que muestra solo 1 día de retraso en promedio, respecto a lo programado.
Tabla 1. Resultado de las entidades de Gobierno regional1/2/
Una situación similar se presenta en los gobiernos locales, donde el nivel de variabilidad en los retrasos de adjudicación es muy elevado. Por un lado, la muestra de municipalidades para Lima Provincias presentó retrasos de hasta cuatro veces más que el plazo inicial planeado (419%). Por otro lado, las municipalidades de Junín y Apurímac solo presentaron 1 y 2 días de retraso, respectivamente.
Tabla 2. Resultado de las entidades de Gobierno local1/
Con relación al Gobierno Nacional, de las principales unidades ejecutoras que adjudicaron proyectos, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) es la entidad que presenta mayores demoras en el otorgamiento de la buena pro (89% más de lo planificado). Cabe indicar que, Provías Nacional —unidad ejecutora con mayor presupuesto para proyectos—, no convocó ningún proyecto hasta el 30 de setiembre de 2020.
Tabla 3. Resultado de las entidades de Gobierno nacional1/
Del análisis realizado por el CPC sobre las causas de estas demoras, se obtuvo que el principal cuello de botella se presenta en la etapa de formulación y absolución de consultas (representa el 72% del retraso total). Al respecto, el CPC plantea en su nuevo Informe de Competitividad 2021 fortalecer el uso de mecanismos alternativos de contratación pública que utilicen las mejores prácticas internacionales y que muestran efectos positivos en el país. El mecanismo de contratación de Gobierno a Gobierno combinado con el uso de contratos internacionales estándar —como los contratos NEC o FIDIC para proyectos de impacto nacional—, se presentan como opciones viables para mejorar la ejecución de la inversión pública.
Compartimos con ustedes esta actualización del IRGP publicada en el Diario Gestión:
