A noviembre de 2022, los gobiernos subnacionales ejecutaron alrededor de la mitad (52%) de sus recursos disponibles para proyectos (S/ 44,7 mil millones). Con ello, para ejecutar la totalidad de dicho presupuesto, los gobiernos regionales y locales necesitarían multiplicar por 10 su velocidad de ejecución en el último mes del año.
Para acelerar este ritmo de ejecución y evitar futuros descalces en el presupuesto es necesario reducir las demoras en las adjudicaciones de nuevos proyectos. Al respecto, el Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) trimestral mide los retrasos entre la convocatoria y la buena pro en las inversiones regionales y locales[1].
En la presente actualización del indicador, se analizaron 919 proyectos[2] de un total de 1.021 proyectos convocados por una muestra de unidades ejecutoras de los gobiernos subnacionales[3] hasta el 3T2022. El ratio de adjudicación (número de proyectos adjudicados/número total de proyectos) fue de 84%. Además, los resultados muestran que los retrasos en los proyectos ascendieron al 89% del plazo programado para los gobiernos regionales, y al 71% para los locales.
I.a. Gobiernos regionales
En los gobiernos regionales, el ratio de adjudicación fue de 76%. En cuanto al indicador de retrasos, al 3T2022, solo los proyectos de 23 regiones cumplieron con las condiciones de análisis, tardando en promedio 22 días (89% más) en otorgar la buena pro en relación a lo programado. Lo anterior implica un mayor nivel de retraso en relación al 3T2021, cuando los retrasos ascendieron a 81%. Por regiones, Huánuco presentó el mayor retraso promedio (321%)[4] en 25 proyectos —19 adjudicados, y seis no adjudicados, pero con fecha programada de adjudicación al 3T2022—. A este le siguen Huancavelica (184%)[5] y Lima y Callao (151%)[6]. En contraste, Loreto registró la menor demora entre las regiones analizadas (31%)[7].
Gráfico 1. Plazo programado y retraso (en días) entre la convocatoria del proceso de selección y la adjudicación de la buena pro – Gobiernos regionales 1/ 2/
I.b. Gobiernos locales
Con respecto a los gobiernos locales, el ratio de adjudicación fue de 89%. En cuanto al indicador de retrasos, los proyectos de las 25 regiones registraron un retraso promedio de 12 días (71% más) en otorgar la buena pro en relación a lo programado. Lo anterior implica un menor nivel de retraso en relación al 3T2021, cuando los retrasos ascendieron a 107%. Por municipalidades, aquellas que registraron los mayores retrasos al 3T2022 fueron las de Junín (23 días, 173% más)[8], Arequipa (32 días, 151% más)[9] y Cajamarca (21 días, 125% más)[10]. Por otro lado, las municipalidades de Madre de Dios[11] presentaron 1 día de retraso (2%).
Gráfico 2. Plazo programado y retraso (en días) entre la convocatoria del proceso de selección y la adjudicación de la buena pro – Gobiernos locales 1/ 2/
Los resultados del IRGP trimestral al 3T2022 muestran que, en promedio, los gobiernos regionales y locales tardan casi el doble de lo planificado en otorgar la buena pro a un proyecto. En algunos casos, las demoras son hasta tres veces en algunos gobiernos regionales y dos veces en algunos locales.
Ante ello, es imperativo mejorar la ejecución de la inversión pública de cara al 2023, que será el primer año de gestión de las nuevas autoridades subnacionales, caracterizado por una ralentización de la inversión en los proyectos a su cargo. Al respecto, el BCRP en su reciente reporte de inflación redujo la proyección del crecimiento de la inversión pública para 2023, indicando que esta no crecería el próximo año, considerando el efecto de la caída de la inversión de los gobiernos subnacionales.
Desde el Consejo Privado de Competitividad (CPC) se propone fortalecer los procesos de adjudicación y ejecución física, para lo cual se debe acreditar a empresas evaluadoras y de ingeniería para el desarrollo de expedientes técnicos de calidad —lo cual podría operativizarse en función a perfiles de riesgo de empresas[12]—. Contar con expedientes técnicos de calidad permitirá que los procesos de adjudicación de obra sean más eficientes, en lo que respecta a la parte técnica.
Así, bajo el supuesto de contar con estos estudios debidamente elaborados, se podría fomentar el uso de esquemas de adjudicación más ágiles y con buenos resultados en la práctica como el procedimiento especial de contratación (PEC). Este proceso se diferencia de la contratación tradicional porque cuenta con una primera etapa técnica con empresas que conforman una lista corta, las cuales, de pasar dicha evaluación, entran a la etapa administrativa. A la fecha este mecanismo ha mostrado buenos resultados respecto a las demoras en la adjudicación de proyectos. De acuerdo con un análisis del CPC, al 3T2022, en proyectos de las principales unidades ejecutoras de los gobiernos subnacionales, la adjudicación de proyectos mediante el PEC de la ARCC tomó 20 días —retraso de seis días—, mientras que la licitación pública, 51 días —retraso de 16 días.
Finalmente, se plantea promover la rendición de cuentas y la transparencia, vinculando la ejecución presupuestal a la rendición oportuna del avance físico de los proyectos de inversión. De hecho, de acuerdo con la plataforma Data para la Acción del CPC[13] a octubre de 2022, de las 30.579 inversiones activas con presupuesto en 2022 que requieren informar el avance físico, el 41% no lo hace. Es decir, cuatro de cada 10 proyectos no cumplen con informar sus avances, pese a que deben hacerlo. Así, se propone que el MEF no autorice el devengado hasta que las unidades ejecutoras informen el avance físico de las inversiones. Esto permitirá tomar medidas correctivas de manera oportuna para evitar riesgos de paralización de obras, que postergan el acceso a servicios públicos de los ciudadanos.
[1] Se consideran todos los tipos de procedimientos de selección: licitación pública, adjudicación simplificada, contratación directa y procedimiento especial de contratación.
[2] Las condiciones de análisis son las siguientes: i) se incluyen todos los proyectos adjudicados hasta el 3T2022 y ii) en el caso de los proyectos no adjudicados durante el periodo, las demoras se estiman al 30 de setiembre de 2022 siempre y cuando la fecha de buena pro prevista se encuentre hasta el 3T2022; en caso contrario, no se consideran en el análisis.
[3] Respecto a los Gobiernos regionales, se consideran las principales unidades ejecutoras de los gobiernos regionales. Por último, en el caso de Gobiernos locales, se seleccionan las municipalidades provinciales y distritales con mayor presupuesto hasta llegar a un mínimo de cinco proyectos por departamento.
[4] Al 3T 2021, los proyectos del Gobierno regional de Huánuco presentaron un retraso de 225%.
[5] Al 3T 2021, los proyectos del Gobierno regional de Huancavelica presentaron un retraso de 82%.
[6] Al 3T 2021, los proyectos del Gobierno regional de Lima y Callao presentaron un retraso de 40%.
[7] Al 3T 2021, los proyectos del Gobierno regional de Loreto presentaron un retraso de 24%.
[8] Al 3T2021, los proyectos de los gobiernos locales de Junín presentaron un retraso de 285%.
[9] Al 3T2021, los proyectos de los gobiernos locales de Arequipa presentaron un retraso de 165%.
[10] Al 3T2021, los proyectos de los gobiernos locales de Cajamarca presentaron un retraso de 170%.
[11] Al 3T2021, ningún proyecto de los gobiernos locales de Madre de Dios cumplió con las condiciones de análisis.
[12] Un buen perfil de riesgo implicaría elaborar un ET que registre las menores desviaciones respecto al costo.
[13] El CPC ha elaborado la Plataforma de innovación en políticas públicas Data para la acción – D#Acción como mecanismo cooperativo que empodera al ciudadano para que exija la rendición de cuentas de sus autoridades y la implementación de las buenas propuestas. Accede a la plataforma a través del siguiente enlace: https://www.compite.pe/data-para-la-accion/.